Uno de los últimos actos de gobierno de Ernesto Zedillo fue la firma del Estatuto de Roma, el siete de septiembre del 2000, para ser ratificada, mediante un proceso polémico que duró varios años del 2001 al 2005 con su aprobación por parte del congreso; ya que se buscaba adecuarla al sistema jurídico mexicano.
De acuerdo con los constitucionalistas no entraba dentro del marco mexicano después de un amplio análisis jurídico se optó por agregar al articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este se marca la competencia de imposición de penas: “El ejecutivo federal podrá con la aprobación del Senado en cada paso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
Esta herramienta permite que en México se aplique la justicia contra crímenes de lesa humanidad quedando en manos de los senadores y la presidencia.
La aplicación de este tratado a nivel mundial fue el diecisiete de julio de 1998 cuando los entonces 120 países miembros de las naciones unidas votaron para permitir la constitución de la Corte Penal Internacional, órgano cuya función principal es juzgar los delitos contra la humanidad como genocidio y crímenes de guerra.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la aprobación del Estatuto de Roma para la paz mundial anualmente dentro del aniversario de su aprobación cada diecisiete de julio se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional.
