Con 18 votos a favor y tres en contra, diputados locales aprobaron la propuesta con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de México en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
El artículo que se plantea modificar versa que “el ministerio público solo podrá solicitar a un juez la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, protección de la víctima, testigos y la comunidad, así como cuando el imputado sea procesado o sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso…”
Previo a su aprobación, la legisladora Miriam Martínez adelantó que el voto panista sería en contra de la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva pues dijo a en contra de los derechos humanos y la presunción de inocencia.
“Lejos de atender una sentencia internacional de derechos humanos, ampliamos una sentencia. De acuerdo al Inegi, cuatro de cada diez personas están en prisión sin sentencia, lo que demuestra que la prisión preventiva oficiosa es perniciosa y contraria a los derechos humanos”.
Por su parte, Laura Yamili Flores, coincidió en la necesidad de respetar la presunción de inocencia, a pesar del elevado número de delitos a nivel nacional, dijo que dicha presunción ha pasado a segundo plano.
Por la ampliación de delitos en esta reforma, enumeró la violación de derechos como la presunción de inocencia, se viola del derecho a la libertad, posible discriminación, autonomía de las y los jueves, además del control judicial de los casos, entre otros.
Por otra parte y con una postura a favor, Silvano Garay consideró que dicha reforma al artículo 19 sería una de las más de 100 modificaciones a la carta magna, misma que dijo, será para combatir al delito y representa “un privilegio para ricos y pobres”.
Además aseguró que la presunción de inocencia no ha funcionado en México a pesar de que sí lo ha hecho en otros países, de ahí que dijo que si no funciona la reforma con la ampliación de delitos, se puede modificar de nueva cuenta, por lo que pidió no descalificarla sin que antes sea aplicada.
