Perspectivas de la arqueología mexicana del siglo XX
Por Citlali Rosas Jiménez
Con la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el 3 de febrero de 1939, se le asignó la responsabilidad de investigar, vigilar, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos del país.
A partir de esa fecha, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, la Dirección de Monumentos Prehispánicos (antes conocida como Dirección de Antropología) y la Dirección de Monumentos Históricos se integraron a la estructura del INAH, constituyendo los órganos encargados de estudiar y supervisar los bienes culturales muebles e inmuebles, en cumplimiento de la corriente nacionalista iniciada dos décadas antes y las leyes de 1930 y 1934, que definían los bienes culturales.
En este contexto, el INAH no solo se encargó de la administración de los bienes ya identificados, sino también de los que adquiriría en el futuro, regulando no solo aquellos de su propiedad, sino también los declarados como monumentos nacionales, independientemente de su ubicación, incluso en propiedades privadas.
Esto consolidó un modelo de gestión estatal que aseguraba el seguimiento y control de los bienes culturalmente significativos, independientemente de su origen o propiedad.
Por lo tanto, los monumentos y sitios arqueológicos debían ser cuidados y regulados por el INAH, el cual actuaba como autoridad administrativa y normativa en estos asuntos.
La supervisión se enmarcaba en un proceso de modernización del país impulsado por la industrialización bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, que trajo consigo transformaciones estructurales en la economía, la infraestructura y los servicios, lo que a su vez favoreció una mayor interacción social y económica, y una creciente demanda de bienes y servicios.
En este contexto de expansión y transformación, se identificaron nuevas necesidades de investigación en los sitios arqueológicos identificados, ya sea por obras de infraestructura o por el descubrimiento de nuevos espacios de los vestigios.
Esta dinámica se mantuvo hasta la década de 1970, cuando, a pesar de que los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruíz Cortines continuaron el proceso de industrialización, los dos últimos impulsaron la internacionalización de la arqueología mexicana, promoviendo la cooperación con investigadores extranjeros desde la década de 1950.
Este intercambio de conocimiento impulsó la investigación arqueológica multidisciplinaria a finales de esa década y principios de los años 60, con importantes trabajos y resultados publicados a comienzos de los 70, aunque por los investigadores extranjeros.
Por otro lado, la exposición del patrimonio nacional en el ámbito internacional también tuvo un impacto en el aumento del turismo cultural, lo que amplió la demanda de visitas a los sitios arqueológicos por parte tanto de mexicanos como de extranjeros. En este marco, Adolfo López Mateos reconoció el valor económico del patrimonio cultural y promovió la apertura de nuevas zonas arqueológicas para su conservación y disfrute público.
A la par de estos cambios políticos y económicos, es importante señalar el contexto intelectual de la arqueología en México, que estuvo fuertemente vinculada con los estudios iniciales de los sitios y que perduró hasta los años 80.
Este enfoque, conocido como la «arqueología de Estado», surgió a finales del siglo XIX y se consolidó en las primeras décadas del siglo XX. Inicialmente promovida por Porfirio Díaz a través de la Inspección General de Monumentos Arqueológicos, esta arqueología se centraba en la conservación de los monumentos no solo muebles, sino también inmuebles, con asignación de presupuestos gubernamentales para las exploraciones.
La arqueología de Estado también fue un motor para la construcción de una identidad nacional y la exaltación del pasado glorioso de México, en línea con los ideales políticos del momento. En varias regiones del país, los monumentos arqueológicos se convirtieron en emblemas de la nación durante la primera mitad del siglo XX.
Posteriormente, esta corriente se consolidó con el movimiento indigenista institucionalizado, que influyó en la investigación arqueológica hasta bien entrados los años 60.
A partir de esa década, se produjo una renovación de la identidad nacional mediante la restauración y puesta en valor de los centros ceremoniales prehispánicos. La restauración y visibilización de estos monumentos se convirtió en una prioridad del Estado, mucho más allá de los intereses puramente científicos, y estuvo marcada por un enfoque de tipo estático y descriptivo en la investigación arqueológica, centrado en la exaltación de «grandes hallazgos».
Esta tendencia perduró durante casi dos décadas, hasta que, en la década de 1980, comenzaron a surgir en México las influencias de la Nueva Arqueología, que promovía enfoques más interpretativos y multidisciplinarios.
Este giro permitió la consolidación de una arqueología más explicativa, especializada y contextualizada, que ya no se limitaba a ser una herramienta al servicio de los fines políticos-administrativos, sino que adoptaba un enfoque científico más amplio, alineado con las corrientes internacionales de la disciplina.
De este modo, la arqueología mexicana evolucionó hacia una perspectiva más integral, que incorporaba las dinámicas sociales, culturales y ambientales de los pueblos prehispánicos, enriqueciendo la comprensión de su historia y sus procesos culturales. Iniciarían así los cambios para la arqueología bajo las perspectivas académicas interdisciplinarias a finales del siglo XX.
