Más de 300 afectados exigen justicia
Más de 300 personas originarias, en su mayoría, del municipio de Chiautempan denunciaron un presunto fraude inmobiliario encabezado por Anita N., quien se hacía pasar por trabajadora de la Procuraduría del Estado y supuesta gestora de un programa de vivienda digna de la Secretaría de Bienestar.
Según los afectados la acusada en complicidad con Edgar N. y otros miembros de su familia, ofrecía casas con un valor comercial superior a los cuatro millones de pesos a tan solo 100 mil pesos, bajo el argumento de que se trataba de un programa social. Para concretar la supuesta adquisición, pedía un enganche inicial de 10 mil pesos, además de 25 mil pesos adicionales por una cocina integral.
Los denunciantes aseguran que las viviendas ya contaban con propietario e incluso estaban habitadas, sin embargo, Anita N. las habría vendido hasta en cuatro ocasiones a distintas personas, generando un perjuicio económico estimado en casi 11 millones de pesos.
Con el objetivo de aparentar legalidad, la acusada entregaba formatos notariales, solicitaba documentos oficiales como identificaciones INE en físico, constancias de situación fiscal, y otros papeles legales que podrían haber sido utilizados para el robo de identidad. Incluso permitía a los presuntos beneficiarios elegir la gama de colores, pisos y muebles de su supuesta futura casa.
Las víctimas, entre las que se encuentran personas adultas mayores, jóvenes y personas con discapacidad, decidieron hacer pública su denuncia luego de realizar una investigación por cuenta propia para asegurarse del fraude. Señalan que ya existen denuncias formales ante las autoridades correspondientes, mientras que otras están en proceso.
Exigen que las instituciones correspondientes den seguimiento puntual a las querellas, se sancione a los responsables y se evite que más personas caigan en este tipo de engaños, que aprovechándose de la necesidad de vivienda, lucran con la esperanza de quienes menos tienen.
