Para sancionar con mayor rigor los daños ecológicos, sin criminalizar la pobreza ni vulnerar derechos sociales
Con la finalidad de fortalecer el marco legal en materia ecológica y garantizar una protección efectiva de los recursos naturales, el diputado local Emilio De la Peña Aponte y el procurador de Protección al Medio Ambiente del Estado, Iván García Juárez, encabezaron una mesa de trabajo con autoridades ambientales estatales y federales. En el encuentro se discutieron propuestas para reformar la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, con énfasis en una regulación más rigurosa de las quemas no autorizadas y otros daños ambientales.
El objetivo central de esta reforma es establecer sanciones más estrictas para quienes incurran en prácticas que deterioran el entorno natural, como la quema de residuos, la tala clandestina y la contaminación de cuerpos de agua. No obstante, los legisladores y autoridades subrayaron que dichas modificaciones no deben criminalizar la pobreza ni vulnerar derechos sociales esenciales.
“El medio ambiente no puede esperar, pero tampoco se puede castigar a quien no tiene opciones”, expresó el diputado De la Peña, al señalar que la iniciativa busca una legislación con un enfoque de equidad, justicia social y sostenibilidad, que permita proteger el entorno sin afectar injustamente a las comunidades más vulnerables.
Durante el diálogo, se reconoció que la tala ilegal, las quemas agrícolas no reguladas y el crecimiento desordenado de asentamientos humanos son fenómenos que requieren atención inmediata, pero también comprensión de sus causas estructurales. En este sentido, se planteó la necesidad de acompañar las sanciones con acciones integrales de prevención, educación ambiental y generación de alternativas sostenibles para las comunidades rurales.
La mesa de trabajo contó con la participación de representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROPAET), así como de la Fiscalía General de la República (FGR).
Estas reuniones se enmarcan en un esfuerzo institucional por diseñar una política ambiental más firme y coherente, que reconozca tanto el valor estratégico de los ecosistemas como la realidad de las personas que viven de la tierra. Tlaxcala enfrenta retos particulares, como el crecimiento urbano en zonas forestales, la deforestación, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad, por lo que se busca una ley moderna que responda a estos desafíos de manera efectiva.
Además, se prevé que la reforma permita mejorar la coordinación interinstitucional en la atención de delitos ambientales y en la vigilancia de áreas naturales protegidas, así como reforzar los programas estatales de reforestación, restauración de cuencas y manejo de residuos sólidos.
Con estas acciones, el Congreso local y las autoridades ambientales reafirman su compromiso por construir un Tlaxcala más verde, justo y resiliente, donde el desarrollo económico no se contraponga con la conservación del patrimonio natural.
