por: Dr Ruben Blanca Diaz
Reforma Judicial 2024 en México: Entre la Promesa de Justicia y el Riesgo Democrático
La reforma judicial aprobada en México en septiembre de 2024 y que se concretara en la jornada del primer domingo de junio próximo, representa uno de los cambios más profundos y polémicos en la historia reciente del país. Impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su partido, Morena, la reforma propone una transformación radical del sistema judicial: la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, incluyendo a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde 33 mujeres y 31 hombres buscan ocupar un lugar
Objetivos Declarados
El gobierno justificó la reforma como un esfuerzo por combatir la corrupción, el nepotismo, la falta de acceso a la justicia y desde luego la justicia tardía. Entre las medidas destacadas se encuentran la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la implementación de jueces «sin rostro» para casos de crimen organizado.
Críticas y Preocupaciones
Sin embargo, la reforma ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch han expresado su preocupación por la posible erosión de la independencia judicial y la vulneración de derechos humanos. La elección popular de jueces plantea el riesgo de politización de la justicia y la influencia de grupos de interés en el proceso judicial. Aunque estas críticas se fundamentan más por lo que puede ser y no por lo que realmente será.
Controversias en la Implementación
La implementación de la reforma ha estado marcada por controversias. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha enfrentado desafíos en la organización de las elecciones judiciales, incluyendo la verificación de antecedentes de los candidatos. Además, se han reportado casos de aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que ha generado preocupación sobre la integridad del proceso.
Reacciones Sociales y Políticas
La reforma provoco protestas y paro de actividades sin precedentes, por parte de trabajadores del Poder Judicial, quienes argumentan que las medidas legislativas y operativas ponen en riesgo la imparcialidad y profesionalismo del sistema judicial. A nivel internacional, algunos países y ONGS han expresado su inquietud por el impacto de la reforma en la democracia, el papel del poder judicial y las relaciones comerciales.
La reforma judicial y el futuro de la administración de justicia
Sin duda alguna, esta reforma, representa un desafío para los tres poderes de la unión y los tres niveles de gobierno, no solo para lograr que en las controversias judiciales, se aplique la ley, sino para que se alcance ideal de justicia que en muchos casos parece estar muy lejano, esto en franco detrimento de los derechos de los justiciables, la reforma al sistema de justicia penal de 2008, es un claro ejemplo de como una medida legislativa, operativamente no funciona, no convence a nadie y no logra su objeto y la espiral de violencia e impunidad, no solo no disminuye, sino que parece va en aumento y donde las políticas criminales, simplemente no funcionan
Conclusión
La reforma judicial de 2024-2025 un intento ambicioso de transformar el sistema de justicia. Si bien busca abordar problemas estructurales como la corrupción y el nepotismo, las preocupaciones sobre la independencia judicial y la posible politización del sistema plantean desafíos significativos. El éxito de la reforma dependerá de su implementación cuidadosa y del compromiso de las autoridades para garantizar un equilibrio entre la justicia accesible y la preservación de los principios democráticos.
SOBRE EL AUTOR:
Abogado postulante. Doctor en Derecho, Maestro en Derecho y Ciencias Penales. Activista. Docente, investigador y tutor en Universidad UTEL e ISU Coordinador de la Red de Abogados Puebla. Investigador y miembro activo de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE)
