En el entramado político y administrativo de México, el nepotismo ha sido por décadas una sombra que socava la meritocracia y erosiona la confianza ciudadana. Aunque existen leyes que lo prohíben, como el artículo 47 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la práctica de colocar a familiares en cargos públicos continúa, disfrazada de legalidad o protegida por la opacidad. Son pocos los avances y muchos los desafíos en la lucha contra el nepotismo en el país.
La ley es clara: los servidores públicos no deben intervenir en nombramientos, promociones o contratos que beneficien a personas con las que tienen vínculos familiares hasta el cuarto grado. Sin embargo, la debida aplicación de esta norma se ve limitada por varias razones, entre ellas, la falta de mecanismos de vigilancia sólidos, la debilidad institucional en muchas entidades federativas y sobre todo la normalización cultural del favoritismo familiar como una forma aceptada de ejercer el poder.
Casos recientes han expuesto cómo el nepotismo trasciende partidos y niveles de gobierno. Gobiernos municipales, estatales y órganos legislativos han sido señalados por prácticas de este tipo. El acceso a plazas públicas por “compadrazgo” o “influencias” no solo viola la ley, sino que también bloquea la entrada a personas más capacitadas, afectando el desempeño del servicio público.
Ejemplo de esto lo que sucede en el Poder Judicial y es otra justificante de la reciente reforma, un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que al menos 500 jueces y magistrados emplean a familiares en sus tribunales, impactando a más de 7,000 servidores públicos en 31 circuitos judiciales del país.
Además, investigaciones periodísticas indican que en los últimos 24 años no ha habido ni una sola sentencia irrevocable contra jueces por delitos como abuso de autoridad o enriquecimiento ilícito. La impunidad es casi total.
La ley está, pero falta voluntad
Estas cifras reflejan una dura realidad: aunque el nepotismo es ilegal, no hay mecanismos efectivos para sancionarlo. Las denuncias rara vez prosperan y las redes de poder dentro de las instituciones se protegen entre sí.
Incluso en gobiernos que se proclaman como anticorrupción, han surgido señalamientos de nepotismo. Esto deja en claro que no se trata solo de partidos o ideologías, sino de una cultura institucional arraigada.
La administración federal anterior y la actual presidenta ha hecho del combate a la corrupción una bandera de gobierno. En su administración, ha promovido políticas de austeridad y mayor escrutinio público. Sin embargo, incluso dentro de la llamada “Cuarta Transformación” ha habido señalamientos de presunto nepotismo, lo que demuestra que no basta con el discurso: se requieren acciones concretas, transparentes y sobre todo eficaces.
La lucha contra el nepotismo no puede centrarse únicamente en la prohibición. Es urgente fortalecer los sistemas de denuncia, garantizar la protección a quienes reportan estos actos y promover una cultura de rendición de cuentas. Además, debe reformarse el servicio civil de carrera para asegurar que los cargos públicos sean ocupados por mérito y no por parentesco.
En conclusión, el nepotismo no solo es un problema legal, sino ético y cultural. México necesita avanzar hacia un Estado más profesional en el servicio que presta y justo, donde el acceso a la función pública no dependa del apellido, sino del talento. La ley contra el nepotismo es un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañada de voluntad política, vigilancia ciudadana y una transformación profunda en los valores que rigen el servicio público.
Del autor: Doctor en Derecho, Maestro en derecho y ciencias penales, abogado notario y actuario por la BUAP activista, docente y miembro de la Asociación de docentes capacitadores y tutores de educación superior del Estado de Puebla Adup AC, la Sociedad Mexicana de Estudia Electorales SOMEE y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AMEI
