Integrantes del Comité de Participación Ciudadana y Defensores de Derechos Humanos, realizaron una manifestación frente al Congreso del Estado de Tlaxcala. El grupo exigió ser escuchado por la diputada Reyna Flor Lozano y demandó la atención de sus propuestas legislativas enfocadas en el combate a la corrupción y el fortalecimiento del acceso a la justicia para personas en situación vulnerable.
Entre sus principales peticiones está la creación de una iniciativa de ley para la contratación de 60 abogados del pueblo, uno por cada municipio del estado. Estos defensores, según el comité, deben ser incorruptibles, no responder a intereses partidistas y tener la responsabilidad de representar legalmente a ciudadanos de escasos recursos. Además, exigen que estos abogados puedan ser sancionados judicialmente si incurren en actos de corrupción.
La organización ciudadana argumentó que los defensores de oficio actuales están controlados por redes de corrupción y que la ciudadanía ha sido ignorada, a pesar de haber entregado ya múltiples escritos al Congreso local con la misma propuesta. Indicaron que esta falta de atención representa una violación a sus derechos constitucionales, mencionando artículos como el 8º, 39, 41, 6, 7, 9, 71 y 72 de la Constitución Federal, que garantizan la participación ciudadana en la creación de leyes.
Asimismo, enviaron un exhorto a Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, solicitando su intervención en torno a la derogación, en 2003, de 24 artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, incluyendo los referentes al juicio político y el desafuero. Aseguran que, pese a múltiples solicitudes, no se les ha permitido obtener copias certificadas de estos artículos ni se ha intentado su recuperación.
Los manifestantes también presentaron un paquete de iniciativas que proponen, entre otras cosas: que la corrupción sea considerada delito de alto impacto en el estado, que se realicen auditorías obligatorias a gobernadores, presidentes municipales y de comunidad al concluir sus mandatos, que los funcionarios salientes dejen recursos suficientes a las nuevas administraciones, la extracción o desaparición de documentos oficiales sea tipificada como delito grave y que cualquier servidor público que invente o fragüe delitos contra ciudadanos también enfrente sanciones penales severas.
Con bocina y micrófono en mano, los ciudadanos reiteraron su derecho a participar en la vida legislativa del estado, exigieron que se les brinde respuesta conforme al artículo 8° de la Constitución. “Nos traen de vuelta en vuelta”, denunciaron, mientras aseguraban que las autoridades han incumplido su deber de escuchar y procesar las iniciativas populares.
