La llamada Ley Espía que ha causado revuelo entre la sociedad fue aprobada por la Cámara de Diputados por la obvia mayoría conformada por Morena, PT y Verde Ecologista, una ley que, a decir de la oposición, vulnerará los derechos de la ciudadanía.

Esta aprobación se dio en lo particular, con modificaciones, el dictamen por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, reglamentaria del párrafo décimo tercero del artículo 21 de la Constitución Política.

Por 324 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones, fueron avalados en sus términos los artículos reservados del dictamen y las propuestas de modificación presentadas por los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana, así como la aceptada por la Asamblea.

Esta ley, que fue modificada momentos antes de ser votada, genera la posibilidad de acceso a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial y con ello, tener a la mano datos confidenciales y biométricos de las y los mexicanos.

En este sentido, Omar Antonio Borboa Becerra, diputado del PAN, consideró que estas adecuaciones representan una ilegalidad contra la privacidad y viola las garantías individuales de la ciudadanía, toda vez que se faculta que se tenga a alguien que investigue lo que se hace y se dice.

A su vez, el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes del PRI, dijo que la seguridad debe ser la más alta prioridad de la República y la estrategia para lograrla se construye con respeto a la Constitución no al margen de ella; por ello, “manifestamos nuestra oposición al dictamen”. Las acciones que se pretenden implementar, no están orientadas a combatir de fondo y con eficacia el flagelo de la delincuencia, sino comprometerán la privacidad, integridad y seguridad de las personas.

La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio (Morena) indicó que la inteligencia no es espionaje, sino un proceso más amplio de recopilación, análisis y evaluación integral de la información, situación que la oposición reclamó al no coincidir con la perspectiva de los grupos parlamentarios de mayoría.

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