El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer sanciones económicas por un monto aproximado de 18 millones de pesos por irregularidades encontradas, luego de la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a los cargos disputados en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, así como de las candidaturas a poderes judiciales locales de 19 entidades.
Con este acto, concluyó la fiscalización del proceso electoral del Poder Judicial y pese a irregularidades como los llamados acordeones, con los que se favorecieron ciertos candidatos a nivel federal y local, este aspecto no tuvo mayor repercusión en los actos y posturas del INE.
En sesión extraordinaria, la consejera y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan, aseguró que, con este acto, el INE cierra la fiscalización del primer proceso electoral judicial en la historia democrática de México y “en lo que compete a esta autoridad administrativa, el resultado no sólo nos compromete técnicamente, sino institucionalmente”.
Además, precisó que, para estos procesos extraordinarios, se fiscalizaron más de siete mil 700 candidaturas, se analizaron más de siete mil 300 informes de campaña y se auditó un universo de casi 900 millones de pesos en ingresos y egresos. “Un esfuerzo sin precedentes con plazos inéditos y reglas de reciente creación”, destacó.
En este sentido, la consejera explicó que, del total de irregularidades detectadas, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) propuso sanciones por más de 10 millones de pesos a nivel federal y ocho millones en el ámbito local.
Sobre las candidaturas federales, informó que el 83 por ciento de las sanciones se concentran en magistraturas de tribunales colegiados de Circuito, así como en juezas y jueces de Distrito y, en lo local, Chihuahua y el Estado de México destacan por la concentración del 35.9 por ciento del total sancionado.
Finalmente, Humphrey sostuvo que “quien aspira a juzgar debe ser la o el primero en respetar la ley, quien quiera interpretar el orden jurídico debe haberlo cumplido desde el primer acto de su postulación; no se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación. Por eso estas sanciones no sólo son necesarias, sino indispensables”.
