Se reforzarán los mecanismos de supervisión en los penales para garantizar que se rijan bajo la normativa vigente
El secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, fijó postura sobre las acusaciones contra Juan Antonio Martínez Guerrero, director del Centro de Reinserción Social (CERESO) de la capital, quien fue señalado en un video difundido en redes sociales por una persona privada de la libertad (PPL) de presuntos actos de abuso de autoridad, extorsión, tortura y amenazas de muerte.
Tras el arranque de obras en el puente de Chiautempan, el funcionario declaró que, mientras se esclarecen los hechos, Martínez se separó de la dirección del penal. Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para iniciar una investigación interna y aportar información a la Fiscalía General del Estado.
“Esto se debe generar siempre bajo un mecanismo de estricto derecho, para que las determinaciones que se tomen derivadas de la investigación tengan un resultado que se dará a conocer a las autoridades competentes”, señaló Ramírez Hernández.
El secretario enfatizó que las acusaciones del interno identificado como Ventura N. deben tomarse con seriedad, sin dejar de lado la presunción de inocencia. Explicó que se adoptaron medidas de protección para el denunciante y su familia, quienes además recibieron asesoría jurídica tras interponer una denuncia penal.
Respecto a los señalamientos sobre la supuesta participación de comandantes en robos a gasolineras, Ramírez Hernández advirtió que se reforzarán los mecanismos de supervisión en los penales para garantizar que se rijan bajo la normativa vigente. “Esta situación sería grave y, por supuesto, debe ser sancionada”, sentenció.
El titular de la SEGOB reiteró la política de cero tolerancia a la corrupción dentro de los centros penitenciarios y llamó a la ciudadanía a confiar en que se trabaja para salvaguardar la seguridad tanto de la población en general como de las personas privadas de la libertad.
Finalmente, aseguró que las investigaciones continúan y que será la Fiscalía la encargada de sancionar a quien o quienes resulten responsables.
