Ante la reforma publicada el 13 de marzo de 2025 y los ajustes presentados el 15 de septiembre de 2025 por parte de la presidenta de México, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtieron que algunas de las modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo, un pilar histórico del Estado de Derechos en México y de la defensa ciudadana.
En COPARMEX Tlaxcala reafirmaron su compromiso con el diálogo democrático y, por ello, solicitaron formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado de la República está organizando para analizar las reformas a la Ley de Amparo.
Sin embargo, dicha ley ya ha avanzado en su aprobación posterior a que se llevaron a cabo mesas de trabajo al vapor y que de nada sirvieron debido a que el grupo político en el poder avanza de acuerdo a las modificaciones planteadas desde el gobierno federal.
Aseguraron que su participación buscaba asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso, fortalecería el verdadero Estado de Derechos y preservaría las garantías que protegen a los ciudadanos y a quienes generan empleo en México.
Los cambios proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, lo que elimina la posibilidad de presentar casos de interés colectivo.
Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas.
El juicio de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha sido clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad.
México fue pionero en este modelo mucho antes que países como Austria o Alemania, y su fortaleza ha dado certeza jurídica para la inversión y la generación de empleos. Limitarlo significaría un retroceso histórico.
Las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio.
Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica.
