Resumen de la ponencia presentada en el XXXVIII Congreso Anual de la AMEI Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
Por: Dr. Rubén Blanca Diaz
El análisis de las políticas públicas en materia de criminalidad en Latinoamérica y México revela una «dualidad ineficaz»: la tendencia a priorizar las intervenciones represivas («Mano Dura») como respuesta inmediata, mientras se ignora la incapacidad institucional del Estado para resolver las causas estructurales subyacentes, siendo el factor más devastador la impunidad generalizada.
La región se enfrenta a una crisis de hiper-criminalidad que representa el desafío más apremiante para la consolidación de la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico.
- Introducción: La Hiper-Criminalidad como Reto de Gobernabilidad Democrática
América Latina y el Caribe (LAC) se ha posicionado como un epicentro de violencia letal. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identifica a LAC como la región con la tasa más alta de homicidios dolosos del mundo, superando los 23 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que duplica el promedio internacional. Esta violencia es una de las cinco principales causas de muerte de la población general y la principal en naciones como México, Brasil, Colombia, Venezuela y El Salvador. Ante esta crisis sistémica, las políticas de seguridad se convierten en la prioridad de la agenda política.
Las políticas públicas de seguridad son el resultado de las visiones e interpretaciones de una sociedad y su Estado sobre la realidad criminal. La criminología regional postula el cambio social como tarea central y denuncia el orden social como opresivo e injusto.
Este ensayo sostiene que la preferencia por la coerción sobre la consolidación institucional ha debilitado el Estado de derecho y perpetuado el ciclo de violencia.
- Marco Conceptual y Diagnóstico Criminológico Regional
La política pública de seguridad no es un mero conjunto de técnicas operativas, sino una expresión de la relación entre el Estado y la ciudadanía. En el contexto latinoamericano, el diseño de estas políticas se ha inclinado históricamente hacia el control social y la represión.
- La Dimensión Cuantitativa y la Concentración de la Violencia
La crisis de la criminalidad se agrava exponencialmente en áreas específicas, sobre todo en las megalópolis. En México, las estadísticas preliminares de 2023 registraron 31,062 homicidios, con una tasa nacional de 24.0 por cada 100,000 habitantes. La letalidad es notable: el principal medio utilizado es el disparo de armas de fuego (70.0% de los casos), un indicador claro de la participación preponderante de grupos criminales organizados. A nivel regional, la concentración es extrema: el análisis del ranking global de las 50 ciudades más violentas en 2024 revela que 20 corresponden a México (el 40% del total mundial), y 7 de las 10 ciudades más violentas a nivel global son mexicanas. Esta persistencia subraya un problema de gobernanza localizada y control territorial no resuelto.
- La Brecha entre el Riesgo Objetivo y la Respuesta Institucional
La violencia letal en Latinoamérica y el Caribe, comparable a la de países en guerras civiles, establece una profunda disociación entre la amenaza objetiva y la naturaleza de la respuesta estatal. La alta letalidad, impulsada por el crimen organizado, exige una estrategia robusta que trascienda la mera actividad policial. La criminalidad se liga intrínsecamente a la pobreza, formando una «fórmula viciosa». La solución de largo plazo requiere la integración de políticas de seguridad con políticas de desarrollo socioeconómico. La persistencia de la violencia letal indica un Estado que ha fallado en impulsar una transformación socioeconómica que elimine las bases de la marginalidad usadas por el crimen organizado para su reclutamiento.
III. Análisis Comparado: Represión vs. Prevención
Históricamente, las políticas han oscilado entre la represión directa («Mano Dura») y las estrategias de prevención social del delito. La evaluación revela que la represión ha prevalecido, a pesar de su probada ineficacia a largo plazo.
- El Paradigma de la «Mano Dura»
Las políticas de «Mano Dura» son atractivas porque ofrecen una respuesta inmediata y mediática a la percepción de inseguridad. Sin embargo, no han logrado mejorar la situación criminal e incluso han facilitado el aumento de la capacidad de grupos criminales en Centroamérica. Un ejemplo contemporáneo es el «Modelo Bukele» en El Salvador, que ha logrado reducciones drásticas en homicidios, pero a costa de la suspensión de garantías democráticas y la violación masiva de derechos humanos. Este modelo ejerce una peligrosa presión política en la región, tentando a replicar soluciones rápidas que ignoran los costos democráticos y la fragilidad institucional.
- Estrategias Basadas en la Prevención Social
Las medidas preventivas o «blandas» resultan más efectivas a largo plazo, buscando intervenir sobre los factores causales del delito e integrando la responsabilidad social. El mayor desafío es su implementación, pues a menudo solo existen en el papel y carecen de sustentabilidad política y financiera. Pese a ello, existen ejemplos de coordinación institucional en la región, como las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en Rio de Janeiro.
- La Militarización como Evidencia del Colapso Institucional Civil
La persistente preferencia por la represión y la militarización de la seguridad pública es una admisión tácita del fracaso de las capacidades civiles del Estado. Gobiernos como el de México, al recurrir a fuerzas de seguridad bajo mando militar (ej. la Guardia Nacional ), asumen la incapacidad de las fuerzas policiales civiles y los sistemas de justicia. Esta militarización perpetúa el problema al desprofesionalizar a las fuerzas civiles y alinear a las instituciones con una hipótesis de estado autoritario.
- El Caso Profundo de México: La Transición Hacia la Seguridad Militarizada
México es un caso paradigmático de la dualidad ineficaz. La administración de Andrés Manuel López Obrador redefinió la arquitectura de seguridad con la creación de la Guardia Nacional (GN) bajo mando militar. Aunque las cifras preliminares de 2023 muestran una ligera reducción en la tasa nacional de homicidios (24.0 por 100,000 habitantes) , la crisis se mantiene en niveles de concentración extremos (7 de las 10 ciudades más violentas del mundo). La letalidad del crimen organizado no se ha mitigado, con el 70% de los homicidios cometidos con armas de fuego. La persistencia de las altas tasas de violencia letal, a pesar de la transición a una estrategia militarizada, demuestra que el problema principal no es el diseño operativo, sino la baja capacidad estatal para ejercer control territorial y, fundamentalmente, para aplicar justicia. La militarización, impulsada por la necesidad de resultados rápidos, corre el riesgo de ser insostenible sin el consenso político y social.
- El Factor Crítico: La Impunidad como Patología Estructural
El obstáculo más significativo para la efectividad de las políticas es la impunidad. Conceptualmente, la impunidad trasciende la mera falta de castigo. Es un fenómeno multidimensional y pluricausal que funciona como origen y destino de los problemas más graves.
- Desempeño Sistémico de la Impunidad
El Índice Global de Impunidad (IGI) de la UDLAP ha ubicado a México entre los 15 países con peores resultados. Su naturaleza es estructural porque involucra actos y omisiones de los tres poderes clásicos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial):Ejecutivo (Fuerzas de Seguridad): Uso desmedido de la fuerza, falta de investigación basada en evidencia y corrupción. Esto debilita la cadena de custodia y refuerza la desconfianza ciudadana. Legislativo: Diseño normativo deficiente y falta de recursos presupuestales adecuados, lo que dificulta la profesionalización y la rendición de cuentas. Judicial/Ministerio Público: Lento procesamiento, corrupción endémica y altos niveles de rezago. Esto garantiza la falta de castigo, invalidando el esfuerzo policial y desincentivando la denuncia.
- La Impunidad como Causalidad Inversa
La impunidad revela una causalidad inversa en las políticas de seguridad. La certeza de que el sistema judicial no funcionará obliga al Estado a recurrir a soluciones que buscan «eliminar» el problema en la calle a través de la fuerza (militarización, «Mano Dura»). Esta dependencia de la represión genera aún más impunidad al fomentar violaciones a los derechos humanos.
Además, la impunidad actúa como un mecanismo que institucionaliza la desigualdad , ya que el uso desmedido de la fuerza policial se dirige predominantemente contra los pobres.
- La Crisis del Sistema Penitenciario
La crisis carcelaria es un componente crítico de la impunidad. Las prisiones se caracterizan por el pánico, la violencia interna, la sobrepoblación y el bajo control institucional. Lejos de ser centros de readaptación, se convierten en focos de operación y reclutamiento criminal. La violencia carcelaria perpetúa el ciclo de criminalidad, reinsertando individuos más violentos y con redes consolidadas, lo que invalida cualquier política de seguridad.
- Conclusiones y Propuestas para una Política Pública Integral y Sostenible
La crisis es la manifestación de un Estado que optó por la coerción visible mientras tolera la desintegración de sus instituciones de justicia. La impunidad sistémica es el principal obstáculo.
Se requieren propuestas integrales y sostenibles: Combate a la Impunidad: Se debe priorizar la reforma estructural del sistema de justicia penal. La reforma carcelaria para asegurar el control institucional y el cumplimiento de derechos básicos es fundamental para evitar que la prisión sea un catalizador de la criminalidad.
Transición de la Militarización a la Proximidad Civil: Los Estados deben asegurar la gobernabilidad democrática de la seguridad.
En México, esto implica fortalecer la prevención y proximidad social de las policías locales , revirtiendo la dependencia de las fuerzas armadas, que ha demostrado ser ineficaz contra la impunidad sistémica. Adopción de Políticas Basadas en Evidencia y Rendición de Cuentas:
Las políticas deben someterse a mecanismos rigurosos de evaluación y rendición de cuentas.
Sobre el autor: Abogado Notario y Actuario egresado de la BUAP , maestro en derecho y ciencias penales, Doctor en Derecho, litigante, activista, miembro activo de la Asociación de Docentes Capacitadores y Tutores de Educación Superior del Estado de Puebla AC, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, La Red Internacional de Investigadores en Educación y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
