Tras más de dos décadas de lucha feminista y jurídica, Tlaxcala dejó atrás la penalización del aborto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara normas que castigaban con cárcel esta práctica.
La lucha por la despenalización del aborto en Tlaxcala no fue espontánea ni reciente. Desde inicios de la década de 2000, colectivas feministas, defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles comenzaron a colocar en la agenda pública el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en un estado históricamente conservador donde el aborto era un tema silenciado y castigado. A partir de entonces, se impulsaron foros, acompañamientos legales y movilizaciones que, con mayor fuerza desde 2018, articularon una exigencia clara: que la interrupción del embarazo dejara de ser un delito y se reconociera como un derecho de salud y justicia social.
Durante años, en Tlaxcala las mujeres enfrentaron un entramado legal restrictivo. Antes de la resolución judicial, quienes buscaban interrumpir su embarazo estaban obligadas a presentar un permiso del Ministerio Público, incluso en casos de violencia sexual, lo que revictimizaba y retrasaba la atención médica. Además, el Código Penal contemplaba sanciones de cárcel para quien practicara un aborto, generando miedo, clandestinidad y riesgos para la salud.
Este escenario cambió de manera definitiva con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio un nuevo paso de progresividad y eliminó los obstáculos legales que impedían a las mujeres tlaxcaltecas acceder a la interrupción de su embarazo. El Pleno del máximo tribunal invalidó normas que obligaban a las víctimas de violencia familiar o sexual a iniciar procesos legales antes de recibir atención médica y, al formar parte de un sistema normativo, también quedaron sin efectos disposiciones del Código Penal que criminalizaban totalmente el aborto.
Las ministras y los ministros concluyeron que en Tlaxcala debe garantizarse la interrupción legal del embarazo, ya que anteriormente se castigaba con prisión a quien la realizara, lo cual resultaba contrario a los derechos humanos. Señalaron además que la llamada “objeción de conciencia” no puede ser un obstáculo para el ejercicio de este derecho, por lo que el Estado está obligado a contar con instituciones de salud y personal médico dispuesto a brindar este servicio.
Hoy, el aborto ya es legal en Tlaxcala. No es una concesión, es el resultado de años de lucha feminista y de una resolución histórica que reconoce el derecho de las mujeres a decidir, sin criminalización, sin permisos y sin violencia institucional.
