El titular de la CCOM rechazó señalamientos sobre supuestas presiones a funcionarios y municipios para respaldar proyectos político rumbo a la gubernatura

Ante los señalamientos sobre presuntas presiones a servidores públicos y ayuntamientos para respaldar posibles actos de campaña en favor del alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, el titular de la Coordinación de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez, negó de manera categórica cualquier instrucción o coerción desde la administración estatal.

El funcionario subrayó que ningún servidor público se encuentra obligado a participar en actividades de carácter político y que la prioridad del gobierno estatal se mantiene en el trabajo institucional a favor de las y los tlaxcaltecas y señaló que las dependencias estatales cuentan con agendas de trabajo permanentes y enfocadas en la atención de las necesidades de la población.

Antonio Martínez destacó que la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabeza un gobierno con una intensa agenda de actividades, orientada al desarrollo del estado, por lo que descartó cualquier tipo de distracción o desvío de funciones con fines políticos.

Reiteró que no existe ninguna instrucción para presionar a funcionarias o funcionarios públicos en favor de algún proyecto personal o partidista.

El coordinador de Comunicación puntualizó que, en caso de que algún servidor público decida, en su tiempo libre, expresar simpatía o respaldo a un proyecto político, se trata de una decisión estrictamente personal y amparada por los derechos constitucionales que asisten a todas y todos los ciudadanos mexicanos.

Asimismo, recordó que Tlaxcala no se encuentra en un periodo electoral, ya que el proceso rumbo a los comicios de 2027 iniciará formalmente hasta octubre del presente año, por lo que enfatizó que no hay condiciones legales ni administrativas que justifiquen actos anticipados de campaña o acciones de promoción política desde el gobierno estatal.

Finalmente, Antonio Martínez reiteró que la administración estatal mantiene un respeto absoluto a la ley electoral y a la libertad política de las personas servidoras públicas, al tiempo que llamó a no generar especulaciones que desvíen la atención del trabajo gubernamental que se realiza diariamente en beneficio de la ciudadanía.

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