Los recursos públicos destinados a mujeres rurales impulsan la producción agropecuaria, la conservación ambiental y el empleo comunitario, incluyendo acciones en el Parque Nacional La Malinche
Con una inversión acumulada de 498 millones de pesos y 99 mil beneficiarias, Tlaxcala se posiciona en el segundo lugar nacional en apoyos al sector primario con enfoque de género, consolidando a las mujeres rurales como eje central de la política productiva estatal.
La política agropecuaria del Gobierno del Estado ha colocado a las mujeres rurales como prioridad en la asignación de recursos públicos, al concentrar 498 millones de pesos en inversión productiva destinada a 99 mil beneficiarias del sector primario.
Estás acciones han posicionado a Tlaxcala como el segundo lugar nacional en apoyos dirigidos a mujeres del campo, mediante programas de subsidio, fortalecimiento productivo y empleo temporal aplicados con perspectiva de género.
Los recursos son operados por la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), en coordinación con distintas dependencias estatales, bajo el criterio de transversalidad en la política pública.
Además de incrementar la producción agropecuaria, acuícola y rural, las beneficiarias participan en esquemas de empleo vinculados a la conservación ambiental, restauración de áreas naturales protegidas, producción de árboles y vigilancia forestal, incluyendo acciones en el Parque Nacional La Malinche, lo que permite generar ingresos en comunidades con altos índices de marginación.
Las acciones se complementan con esquemas de financiamiento para unidades productivas encabezadas por mujeres a través del Fondo Macro para el Desarrollo Integral del Estado (Fomtlax), así como apoyos específicos para mujeres indígenas y madres solteras dedicadas a actividades del sector primario.
En este contexto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros subrayó que la inversión productiva con enfoque de género responde a una visión de justicia social y desarrollo territorial.
“En Tlaxcala decidimos que las mujeres del campo fueran protagonistas. Invertir en ellas es fortalecer la economía familiar, garantizar el arraigo comunitario y cerrar brechas históricas de desigualdad. Nuestro compromiso es que cada peso destinado al campo tenga rostro de mujer y genere autonomía, bienestar y oportunidades reales”.
El modelo implementado por el gobierno estatal articula productividad, empleo e inclusión social, al considerar la autonomía financiera como factor clave para reducir condiciones de vulnerabilidad y consolidar un desarrollo más equitativo en uno de los sectores históricamente más rezagados del estado.
