Analizan casos señalados en la marcha, incluidos presuntos agresores y servidores públicos
La titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala, Alma Nydia Cano Rodríguez, informó que las denuncias públicas exhibidas durante la marcha del 8 de marzo en Tlaxcala ya son revisadas mediante un protocolo institucional, especialmente aquellas que señalan a personas que laboran dentro del gobierno estatal.
En entrevista, explicó que la dependencia está dando prioridad a los casos en los que los señalados pudieran tener vínculo con la administración pública, a fin de verificar su situación laboral y determinar si existen denuncias formales ante instancias correspondientes.
“La principal atención que tenemos es con los casos que especifican del gobierno, porque nuestra tarea es verificar primero si la persona está en la administración pública y después revisar si existe alguna denuncia o procedimiento en curso”, señaló.
La funcionaria detalló que el primer paso consiste en confirmar si los señalados forman parte de alguna dependencia estatal, proceso que se realiza en coordinación con la Oficialía Mayor. Posteriormente se revisa si existen denuncias ante instancias legales o ante las unidades de género de cada institución.
Respecto al caso que se viralizó durante la movilización, relacionado con un presunto deudor alimentario identificado como Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez, quien participó en la marcha como supuesto aliado y fue confrontado públicamente, Cano Rodríguez precisó que la Secretaría realizó una verificación inmediata.
Explicó que, de acuerdo con la revisión institucional, el hombre no forma parte actualmente de la administración pública estatal.
“Se dijo que estaba en el DIF, pero la verificación que hicimos de manera inmediata indica que su último espacio temporal en esa institución fue en diciembre de 2025, por lo que ya no forma parte de esa dependencia”, afirmó.
El caso se volvió viral luego de que el hombre participara en la marcha del Día Internacional de la Mujer con consignas escritas en el cuerpo, pero fue confrontado por una mujer que lo acusó de no cumplir con la pensión alimenticia de su hijo, lo que provocó que asistentes a la movilización exigieran su retiro del lugar.
Cano Rodríguez explicó que, más allá de los casos mediáticos, todas las denuncias expuestas en el llamado “tendedero” del 8M están siendo identificadas para determinar si existe una denuncia formal o si deben canalizarse a las instancias correspondientes.
La secretaria subrayó que el fortalecimiento de las unidades de género dentro de las dependenciases clave para atender estos casos, pues anteriormente muchas de ellas operaban sin un marco legal formal.
“Hoy estamos dando seguimiento formal a estos espacios, porque las unidades de género deben estar legalmente constituidas para poder activar protocolos cuando hay señalamientos o denuncias”, puntualizó.
Finalmente, reiteró que el objetivo es garantizar que cada señalamiento tenga una ruta institucional de seguimiento, especialmente cuando involucra posibles casos de violencia de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
