El Plan B de la reforma electoral federal abrió el debate sobre los privilegios en los congresos locales; en Tlaxcala el costo por legislador es de más de 16 millones de pesos al año
El Coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, retomó este jueves en los Diálogos Circulares, los planteamientos del Plan B de la reforma electoral impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde expuso el alto costo del Poder Legislativo local y la necesidad de discutir la reducción de privilegios en los congresos estatales.
Durante su intervención, Martínez Velázquez explicó que la propuesta busca abrir una discusión nacional sobre el gasto en los poderes legislativos locales, disminuir privilegios en los gobiernos municipales y fortalecer los mecanismos de consulta ciudadana.
En el caso de Tlaxcala, la entidad cuenta con 25 legisladores locales y un presupuesto del Poder Legislativo para 2026 de 408 millones 425 mil 123 pesos, lo que representa un costo por legislador de 16 millones 337 mil 004.92 pesos.
Y es que de acuerdo a los datos presentados por la presidenta, Tlaxcala se ubica como la duodécima entidad con el costo más alto por legislador, a pesar de ser el estado más pequeño del país y tener una población de 1 millón 342 mil 977 habitantes.
Ante ello, Martínez Velázquez refirió que: “El planteamiento de la presidenta es claro: revisar por qué existe esta disparidad en los costos de los congresos locales y abrir el debate público sobre el uso de los recursos”.
Asimismo añadió que los gobiernos y legisladores vinculados al proyecto de la Cuarta Transformación respaldarán la difusión del llamado Plan B, con el objetivo de impulsar cambios que permitan reducir privilegios y fortalecer la participación ciudadana.
“Es una discusión importante, porque hay actores políticos que se resisten a dejar los privilegios. Es necesario que la ciudadanía conozca cómo votan y cómo actúan sus representantes”.
Según lo expuesto en los diálogos, la propuesta busca colocar en el centro del debate el costo de los congresos locales y promover reformas que hagan más eficiente el gasto público en los poderes legislativos estatales.
