El Coordinador reiteró la política de actuar y no permitir que personas que sean deudoras alimentarias funjan como funcionarios públicos
Antonio Martínez Velázquez, titular de la Coordinación de Comunicación, reiteró que el Gobierno del Estado de Tlaxcala no permitirá que personas inscritas como deudores alimentarios formen parte de la administración pública, esto, como parte de una política de cero tolerancia impulsada desde el inicio de la actual gestión de la mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros y alineada con la reforma constitucional conocida como “3 de 3”.
El funcionario explicó que existe una instrucción directa de la gobernadora para actuar con firmeza ante cualquier caso relacionado con violencia contra las mujeres o incumplimiento de obligaciones alimentarias, por lo que todas las dependencias deben cumplir con esta disposición en el estado, asimismo, señaló que ya se han tomado decisiones internas tras denuncias registradas en áreas como la Unidad de Género.
“Todas las dependencias de gobierno, si existe algún hombre que tiene alguna denuncia como deudor, no puede estar dentro de las dependencias, ni como servidor público”.
Ante ello, la Secretaria de Bienestar María Estela Álvarez Corona, reiteró su compromiso con esta política, por lo que enfatizó que: “Quien se encuentre en ese estado tendría que cubrir y pagar lo que se establezca por ley para poder ejercer un cargo”.
Es de resaltar que esta política se fortalece con la entrada en vigor del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), el cual impide que personas con adeudos ocupen cargos públicos o formen parte de instituciones de seguridad; a su vez, esta restricción también aplica a policías, jueces y cualquier integrante de corporaciones vinculadas a la seguridad.
Es así como la medida se sustenta en el artículo 38 de la Constitución y busca garantizar estándares éticos en el servicio público, así como proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
