Las autoridades estatales defendieron el operativo para liberar la carretera México-Veracruz, tras bloqueo de campesinos y aseguraron que la intervención fue gradual y sin personas lesionadas
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, defendió el actuar de las autoridades estatales durante el desalojo de campesinos que mantenían bloqueada la carretera federal México-Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, al asegurar que no hubo uso excesivo de la fuerza.
Lo anterior, tras los cuestionamientos surgidos luego del operativo implementado en el marco del paro nacional convocado por transportistas y campesinos, donde integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) interrumpieron la circulación en una de las principales vías de comunicación del país.
El funcionario explicó que, si bien el derecho a la manifestación es legítimo, este tiene límites cuando se afecta a terceros, particularmente en una vía federal donde, por lo que afirmó que las pérdidas económicas por el traslado de mercancías pueden ser millonarias, y de esta forma impactar no solo a Tlaxcala sino al país entero.
En ese sentido, señaló que el bloqueo dejó de ser una protesta pacífica, ya que de acuerdo al titular de la SSC, algunos manifestantes portaban machetes, petardos y otros objetos, lo que obligó a la intervención de las autoridades bajo un esquema de uso gradual de la fuerza.
Detalló que durante el operativo se emplearon medios no letales, como agua y gas, con el objetivo de dispersar a los manifestantes y restablecer la circulación, sin que se registraran personas lesionadas, pese a que algunos inconformes señalaron lo contrario.
“El uso de la fuerza fue gradual, no hubo exceso y se actuó para garantizar el libre tránsito y la seguridad de la población”.
Asimismo, Perea Marrufo subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como el libre tránsito, por lo que la liberación de las vías de comunicación se realizó conforme a los protocolos establecidos de uso de la fuerza.
Agregó que, aunque en ocasiones anteriores se había privilegiado el diálogo con los grupos inconformes, en este caso las demandas rebasaron el ámbito estatal, al incluir temas de carácter federal e incluso internacional, lo que dificultó alcanzar acuerdos inmediatos.
Finalmente, recordó que el bloqueo de vías de comunicación constituye un delito federal, por lo que ninguna persona tiene derecho a impedir el tránsito en carreteras, y de esta forma, reiteró que el actuar de la autoridad se apegó al Estado de derecho y al uso legítimo de la fuerza.
