Integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés, lamentaron que se realice una firma de convenio entre los estados de Puebla y Tlaxcala cerca del periodo electoral 2021 y peor aún que no se contemple ni se promueva la participación de las y los habitantes en la Cuenca Atoyac–Zahuapan para el Programa Integral de Restauración.
Alejandra Méndez Serrano directora del centro Fray Julián Garcés fijó postura sobre la reciente firma de convenio entre los gobiernos estatales, “lo que nos previene ante la posibilidad de que este compromiso firmado pueda ser sólo de relumbrón, estando tan cerca del periodo electoral de 2021, y pretenda usarse como un mecanismo más para conseguir votos”, acotó en conferencia virtual.
También estuvieron las activistas Mayra Peña y Alejandra Martínez, quienes dieron lectura a su manifiesto y esperan que como ha pasado en otras acciones no se siga “simulando” el cumplimiento de la Recomendación, que se convoque en Tlaxcala y Puebla solamente a quienes simpaticen con los gobiernos en turno, sea por razones políticas o económicas.
Y peor aún dijo, que como en otras ocasiones, incluyendo los convenios locales y cartas de intención publicitados el año 2019, “se trate de otra simulación o de una nueva manera de justificar, como acusaron del pasado ambos gobernadores en su discurso, el gasto en medidas parciales, no oportunas, incorrectas, a destiempo, con el uso de recursos federales y locales para acciones que no sirvieron o que ni siquiera existieron”.
Además, dijo que aunque se haya dicho que se trata de ir más allá de controlar descargas de contaminantes y de limpiar el agua, y en verdad avanzar hacia la elaboración y establecimiento de un Programa Integral de Restauración Ecológica, se continúe dando prioridad a la construcción de infraestructura hidráulica, sea adecuada o no, y en paralelo o por encima de las necesidades de remediación de suelos y aire y de la reparación del daño a las comunidades, familias y personas afectadas por la devastación socioambiental de la Cuenca.
Incluso pidieron que todo lo que se acuerde y se vaya a emprender se deje a la disponibilidad presupuestal y decisión de gobiernos locales y sus dependencias, sin que haya una intención real de buscar los recursos necesarios para elaborar y ejecutar el programa, “y que sólo se privilegien contratos o concesiones, como en el pasado, o que se argumente la falta de recursos como razón principal para justificar la inacción de las dependencias responsables de la supervisión de los procesos de producción y las descargas de las industrias”.
De igual forma, exhortaron a los municipios para clausurar a las industrias y granjas que están contaminando los ríos, sus afluentes, el suelo y el aire de la Cuenca, se parcialice en atacar y responsabilizar de la situación a las comunidades y a la micro y pequeña industria, sin ofrecerles alternativas y apoyo para la conversión de sus procesos y el tratamiento de sus aguas residuales, dejando en la impunidad a la mediana y gran industria, como se ha hecho en ocasiones anteriores.
Demandaron que tanto el Programa Integral de Restauración Ecológica como las acciones que se lleven a cabo para su implementación se realicen sin antes haber revisado y actualizado la NOM 001 y la NOM 002, pues se ha demostrado que son totalmente obsoletas para ésta y otras regiones devastadas en el país, y sin considerar la manera de adecuar a este proceso la definición de Restauración que se da en el artículo 3 de la LGEEPA5 que también resulta insuficiente para la elaboración de un Plan Integral de Restauración Ecológica tal y como lo plantearon las titulares de la Conagua y de la Semarnat en su discurso.
Finalmente dijeron que existe preocupación, y al mismo tiempo ratificaron su compromiso por seguir luchando por la justicia ambiental y social en la Cuenca, y estaremos atentos a que el Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional y de Cooperación Técnica que se firmó en Puebla el 28 de septiembre de 2020, manifieste y cumpla con el objetivo señalado por la CNDH en la Recomendación 10/2017.
