Entre la tarde del martes 20 y la mañana del miércoles 21 de octubre, en el Senado de la República se llevaron acabo las discusiones para aprobar la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de extinción de fideicomisos.
Este asunto ha acaparado la opinión publica durante las últimas semanas, siendo objeto de tergiversación y de manipulación parcial. Por ello estimo pertinente dedicar algunas lineas para explicar su esencia de una manera clara, objetiva y puntual.
El proyecto de extinción de fideicomisos tiene como finalidad esencial, hacer un reajuste normativo que corrija problemas históricos en el ejercicio de los recursos públicos mediante dichos instrumentos, a fin de optimizar el aprovechamiento del erario, para la atención de necesidades sociales prioritarias, como lo son las derivadas de la actual pandemia.
El problema de fondo no es ningún secreto, pues durante décadas, los fideicomisos han constituido una figura de transferencia de bienes y derechos que ha permitido hacer un uso opaco y discrecional de los recursos públicos. Lo que ahora se busca, es solucionar ese problema de opacidad y de ausencia de rendición de cuentas, garantizando el destino y la aplicación legitima de los recursos públicos.
Ahora bien, la figura del fideicomiso no es, por si misma, ni buena ni mala, simplemente es una herramienta mas de las que dispone el Estado para destinar recursos hacia la satisfacción de necesidades sociales. Sin embargo, por su propia naturaleza contractual, los fideicomisos deben ser excepcionales, pues a diferencia del presupuesto anual, dónde el recurso que se paga en programas se contabiliza al momento de pagarlo, en un fideicomiso los recursos pueden quedarse asentados año tras año, generando un subejericicio que queda en una zona de penumbra para la rendición de cuentas.
Dicho de otro modo, la existencia de fideicomisos cuyos fines pueden satisfacerse directamente a través de programas, da lugar a subterfugios económicos para el uso discrecional de recursos acumulados mediante subejercicios que, ni son utilizados para el objeto del fideicomiso, ni están al alcance del Estado para satisfacer otras necesidades apremiantes, lo cual es una práctica intolerable conforme a la constitución, que ordena en su artículo 134 que los recursos económicos de que dispongan el Estado, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Ahora bien, ¿Con la extinción de los fideicomisos se afectaría a la población actualmente beneficiaria? Contrario a lo que mediáticamente se ha pretendido hacer creer, la respuesta es no. En efecto, la extinción de un fideicomiso no imposibilita al Estado para atender directamente su objeto, pues como he dicho, en realidad, el pago de recursos por dicha vía es y debe ser excepcional, siendo la regla general la atención de las necesidades sociales de manera directa.
Ciertamente el tema no es sencillo, y precisamente por eso es necesario que como sociedad veamos las cosas con objetividad, evitando caer en falsos dilemas que ciertos grupos de poder han querido difundir con razonamientos falaces como el que reza que por el simple hecho de que algo ha sido de cierta forma, así debe permanecer. Al contrario, el replanteamiento periódico de cuestiones como ésta, es y debe ser una responsabilidad permanente de los gobiernos, valorando las necesidades económicas del presente a la luz de los resultados obtenidos por estrategias pasadas, siempre teniendo en miras el bienestar de la sociedad en su conjunto. En este sentido, la desaparición de fideicomisos no es ningún atentado, ni una regresión, sino una oportunidad para optimizar el aprovechamiento de los recursos públicos en favor del interés social.
Por lo anterior, confío en que la historia dará la razón en que la reciente aprobación del proyecto en referencia se trata de una acción trascendental para el combate a la corrupción, que por una parte, permitirá al gobierno hacer frete a una de las peores amenazas económicas y de salud pública que ha vivido tanto el país y por otra, permitirá una mejor y auténtica atención para todas aquellas personas que merecen protección y estimulo y que, lamentablemente, en su gran mayoría, hoy cómo desde hace décadas, son víctimas de una simulación.
