La figura de Ignacio Comonfort puede ser vista desde dos perspectivas, como verdugo y como víctima. Inmerso en un contexto entre radicales y moderados, mientras que por un lado se buscaba la reforma, por el otro se anhelaba la conciliación. En su gabinete se encontraba el grupo reformista de Benito Juárez que logró dejar atrás el lastre colonial que no permitía el avance del país a más de treinta años de la independencia.
Con un gabinete de liberales moderados, Ignacio Comonfort pensó llevar a cabo las reformas liberales con la intención de buscar el orden y la libertad del país. Políticos de su confianza ocuparon los principales ministerios. En Relaciones estuvo Luis de la Rosa; en Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública Ezequiel Montes y José María Iglesias; en Gobernación José María Lafragua e Ignacio de la Llave; en Fomento, Colonización, Industria y Comercio a Manuel Siliceo; en Hacienda y Crédito Público Manuel Payno y Miguel Lerdo de Tejada; y en Guerra y Marina José María Yáñez y Juan Soto.
Por medio del Ministerio de Fomento se le prestó atención a la Escuela de Agricultura, ya que tanto el presidente Comonfort como el ministro Siliceo, pensaban que las labores del campo eran la base principal de la riqueza del país, y que todos los campesinos deberían tener una preparación adecuada en los adelantos de la época, esta situación redundaría en el bien de sus cosechas y, en consecuencia, de la nación. En un decreto del 31 de diciembre de 1855 se le aumentaron cátedras. Se establecieron las carreras de agricultor, veterinario e ingeniero. Se dividió la enseñanza en común, superior y profesional para producir personas aptas para mayordomías, administración y profesores de agricultura. Estos últimos deberían aprender francés, inglés, alemán, dibujo, matemáticas, geometría, mecánica, etc.
Se consideró que las actividades del campo y artesanías necesitaban mayor preparación, razón por la que Ignacio Comonfort ordenó la creación de la Escuela de Artes Industriales que se ocuparía de preparar artesanos que, ya fuera trabajando para sí o para otros, elevarían el nivel cultural de la nación. En lo que se refiere a la educación superior, las Escuelas de Comercio y de Corredores estuvieron destinadas a preparar profesionales para la administración de los negocios nacionales e internacionales, vistos como temas de importancia para el presidente.
Se creo la Dirección General de Pesas y Medidas dependiente del Ministerio de Fomento, donde se proponía desaparecer la diversidad de unidades de medida utilizadas en el comercio. Con este establecimiento se facilitaría el comercio exterior con los países que lo habían adoptado.
El tema de la colonización también fue considerado por Manuel Siliceo como renglón básico para el engrandecimiento del país. Debido a las grandes extensiones de tierra sin cultivar, se pensó en una colonia mixta entre alemanes y mexicanos en Lampazos, Nuevo León, el 23 de febrero de 1856 y de mexicanos o extranjeros en el camino entre Jalapa y Veracruz, el 10 de mayo 1856. Otra de las iniciativas de carácter económico consideraba la explotación de los recursos marítimos y terrestres y minerales.
En lo que respecta al Ministerio de Hacienda, Manuel Payno logró que la mayor parte de los ingresos que se recaudaban por alcabalas se destinaran para los gastos de los estados de donde provenían. De esta manera, cada secretaría se sustentaba a sí misma, por ejemplo, Relaciones, con el producto de los pasaportes; Fomento con fondos especiales; finalmente, Hacienda y Gobernación con distintas recaudaciones.
Para llevar a cabo una reorganización de la economía, se expidió una ley para la deuda pública y administración de aduanas marítimas y fronterizas, con dichas precepciones se pagaría la deuda interior, los gastos del gobierno y ferrocarriles, siempre y cuando pasara de 8 millones de pesos. Con respecto a los gastos, Guerra tenía egresos de hasta 2 millones de pesos. Con estos ingresos se pagaron deudas que fueron contraídas durante los movimientos armados.
Las leyes expedidas durante la administración de Payno tendieron a reorganizar y distribuir convenientemente los ingresos del país por medio de la Ordenanza General de Aduanas del 31 de enero de 1856. Con la salida de Payno, su lugar fue ocupado por Miguel Lerdo de Tejada, quien traía una serie de reformas, no sólo para el ministerio, sino para destruir los privilegios de clase. El 25 de junio de 1856 expidió la Ley de Desamortización, claro ataque al clero para desposeerlo de sus bienes, ya que toda la riqueza que había acaudalado no contribuía para el desarrollo de la nación.
En el Ministerio de Justicia, Negocios eclesiásticos e Instrucción Pública, se consideraba a la educación como base para el progreso de un pueblo, objetivo que buscó Comonfort desde sus primeros pasos en la política. Con el apoyo de la presidencia, se consideró a la educación primaria como la base para el adelanto popular; con ello, se capacitaría a los maestros para transmitir a los alumnos una formación sólida. Una estrategia implementada en el área de la educación fue la convocatoria a personas menores de 40 años para tomar los cursos que se impartieron en el antiguo colegio de San Juan de Letrán. Mediante un decreto del 14 de septiembre de1857 se suprimió la Universidad de México, por lo que todos sus bienes fueron destinados a formar en parte la Biblioteca Nacional.
Ezequiel Montes inicio una reconvención a los sacerdotes para que se abstuvieran de participar en la política nacional, ya fuera de palabra o de obra, en el decreto del 17 de enero de 1856. Los bienes del Convento Grande de San Francisco fueron declarados nacionales a causa de una conspiración descubierta en dicho convento; sólo la iglesia principal y las capillas no pasaron a manos del arzobispo. Se decretó por la Secretaría de Guerra, la intervención de bienes del obispo de Puebla, por considerar que había participado en movimientos rebeldes.
Para fines de año se promulgó una ley donde se especificaban los delitos contra la nación, el orden y la paz pública, con penas desde la incautación de bienes hasta el destierro se buscó castigar a los infractores. La Compañía de Jesús, que durante el gobierno de Santa Anna fue restablecida, fue suprimida el 7 de junio de 1856. Al año siguiente se emitió el decreto sobre aranceles parroquiales y el cobro de derechos y obvenciones por José María Iglesias, donde se consideraba que los pobres estaban incapacitados para pagar los servicios religiosos.
Una de las tareas fundamentales de Comonfort fue legitimar al gobierno emanado de la revolución de Ayutla por medio del Ministerio de Gobernación, ya que consideraba que en la voluntad popular radicaba la soberanía. Esta legitimidad debía plasmarse en un conjunto de normas para gobernar, mientras se promulgaba la nueva Constitución de cuyo estudio se encargaba el Congreso convocado para ello. La promulgación del Estatuto Orgánico Provisional fue postergada cinco meses, desde diciembre de 1855 hasta mayo de 1856, debido a una rebelión en Zacapoaxtla.
Comonfort consideraba a la nación como un conjunto integrado por Estados que la componían desde la promulgación del Plan de Ayutla. Los derechos de los ciudadanos quedaban suspendidos por la misma conducta de los individuos y se perdía por el estado religioso. El presidente siempre encontraba la ocasión para atacar al clero desde cualquier frente.
El Estatuto contenía importantes reformas sociales, mismo que fue considerado como un anticipo de la Constitución. Se reglamentó el trabajo para menores de catorce años, quienes no deberían de pasar más de cinco de horas trabajando; la enseñanza privada se declaró libre, prohibiéndose su monopolio, como el de profesiones. Estas disposiciones quedarían sujetas a la ley vigente de libertad de expresión y de imprenta.
En el ramo de Hacienda se estipuló una división de los bienes de la nación en tres grupos fundamentales: rentas y contribuciones generales; rentas y contribuciones de los Estados y Territorios; y las propiedades de las comunidades y municipalidades; para su administración se comisionó el gobierno general a la Tesorería General, reservándose el nombramiento de empleados especiales. Como la economía del país se encontraba en crisis, se consideró que una estrecha vigilancia centralizada y organizada podía salvarla. Francisco Zarco, defensor de las medidas enérgicas del presidente dijo que no podían compararse con las de Santa Anna que actúo sin limitaciones, en cambio, Comonfort, se encontraba en todo momento sujeto a la revisión de sus actos por el Congreso.
El Estatuto fue el ideario de Comonfort y de los moderados que, al publicarse, los radicales que trabajaban en la elaboración de la Constitución, protestaron acaloradamente, pues para ellos era la antítesis de la legislación liberal que estaba próxima a aparecer. Hubo protestas contra el Estatuto por la posibilidad de que este documento fuese adoptado como Constitución, pero José María Lafragua, autor del documento, se apresuró en su defensa argumentando que había sido escrito para gobernar en las circunstancias anárquicas en que se encontraba el país, señaló que las fuentes para la redacción del documento fueron la Constitución de 1824 y las Bases Orgánicas de 1843. También Lafragua reglamentó la conservación de documentos históricos el 9 de diciembre de 1856. Se ordenaba que con escrupuloso empeño se conservasen los archivos de los ayuntamientos, intendencias, comandancias militares, tribunales y oficinas públicas, formándose índices de ellos y remitiéndose copias al ministerio de Gobernación. También se exhortaba al clero a la misma labor con sus archivos parroquiales, así como la publicación de los documentos históricos en el periódico oficial y otros, el levantamiento de censos de población y económicos antes y después de la Independencia.
Las leyes reformistas de este ministerio fueron la Ley Orgánica del Registro Civil, que incluía el registro de nacimientos, adopción y arrogación, sacerdocio y profesión de algún voto religioso temporal o perpetuo, y muerte, del 27 de enero de 1857 por Lafragua. A él también se debe la ley correspondiente al establecimiento y uso de cementerios, por la cual se quitó al clero el privilegio de sepultar únicamente a los difuntos creyentes. A la salida de Lafragua para ejercer de ministro plenipotenciario en España, ocupó el ministerio Ignacio de la Llave, a quien le tocó la investigación de los asesinatos de españoles en San Vicente Chiconcuac, que ocasionó el rompimiento de las relaciones entre México y España.
Por medio de este ministerio se tramitó con el Congreso un permiso para que Comonfort conservase el orden, protegiera las instituciones y defendiera la independencia. Se le autorizó contratar un préstamo de seis millones de pesos; una parte sería destinada a combatir a los bárbaros de la frontera norte e impedir la guerra de castas en los estados que se presentase y, con el resto arreglar la deuda que se tenía con la Guardia Nacional de todo el país. También se otorgaba al presidente la facultad de cambiar la residencia de los Supremos Poderes con una previa reunión de ministros.
Promulgada la Constitución, el periodo de gobierno interino de Comonfort fue concluido legalmente. En las elecciones convocadas sonaban los nombres de Miguel Lerdo de Tejada, candidato de los radicales, pero tenía en su contra a la opinión pública por su ley de desamortización de los bienes eclesiásticos; juzgó que no podía competir con Comonfort y se retiró. En las votaciones resultó electo Comonfort como presidente y Juárez en la Suprema Corte de Justicia. Su gabinete fue conformado por liberales moderados, mientras que Benito Juárez era el único radical.
Deseoso de dar un nuevo rumbo a su política, estaba convencido de que la Constitución no era aceptada por la mayoría del país, por lo que empezó a retroceder en las medidas reformistas. Ordenó que se suspendiera la intervención de los bienes de la diócesis de Puebla, pensando que esta medida calmaría el descontento. El presidente tenía nos caminos a seguir, uno, el pedir las reformas a la Constitución y segundo, el de la rebelión. Ante este panorama fue complicado obtener votos contrarios a la Constitución. Para los conservadores que no habían participado en las recientes elecciones y, sin representación, sólo la lucha armada podía darles éxito.
Llegaron acusaciones al Congreso de un complot para derogar la Constitución. Payno, Zuloaga y Epitacio Huerta estaban implicados y varios ministros fueron citados, entre ellos Juárez, quien señaló que el presidente estaba dispuesto a cumplir las indicaciones del Congreso para asegurar la paz nacional. Sin embargo, el Ejecutivo se encontraba en tratos con los conspiradores y el 17 de diciembre de 1857 Félix Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya desconociendo la Constitución, reconoció a Comonfort con facultades omnímodas y convocaba a un nuevo Congreso.
Ignacio Comonfort dejó un legado de leyes y reformas utilizadas e interpretadas por los reformistas, que durante su gobierno no eran aptas para el país. Por esta razón se desató la Guerra de Reforma, donde los liberales, después de tantas turbulencias lograron izar bandera en el país. Ignacio Comonfort fue un hombre de época que no pudo asimilar y adaptarse a las circunstancias de la nación, pero logró insertar a México en la órbita de las naciones de la modernidad.
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