El Centro Fray Julián Garcés exhortó a las nuevas autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales realizar acciones integrales conducentes a su restauración
El Centro Fray Julián Garcés exhortó a las nuevas autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales que reconozcan, más allá del discurso, que la Cuenca del Alto Atoyac es una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, y desde ese reconocimiento y de acuerdo a sus competencias, realicen las acciones integrales conducentes a su restauración y la atención de los impactos en la salud de las personas.
A las autoridades estatales, que dejen de impulsar una política de atracción de más industrias sin antes fortalecer los mecanismos para el control de la emisión de tóxicos; y que dejen de impulsar la política de construcción de plantas de tratamiento, ya que ello no servirá si las industrias siguen arrojando sus aguas tóxicas, y aun cuando se lograra la tecnología adecuada, tratarle el agua de las industrias se convertiría en un subsidio más para ellas.
A las autoridades federales, que expliquen su propuesta para limpiar el río Atoyac y que inicien un diálogo con nuestra presencia como comunidades afectadas, mediante el cual se construya un verdadero Plan de saneamiento integral para toda la Cuenca del Alto Atoyac teniendo como centro la regulación de las emisiones tóxicas de las industrias; así mismo se requiere el fortalecimiento del Plan de Salud integral para atender a las personas afectadas por las enfermedades crónicas no transmisibles.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que expliquen a las y los habitantes de la Cuenca del Alto Atoyac, las razones por las que se han dado por cumplimentadas las recomendaciones hechas a la Semarnat, Profepa y Cofepris en la recomendación CNDH 10/2017. En nuestra vida diaria no observamos que se estén respetando nuestros derechos humanos al medio ambiente sano, a la vida, a la salud, al agua, debido a ello exigimos que se dé continuidad a la recomendación CNDH/10/2017 hasta que estos derechos nos sean respetados.
Al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito judicial correspondiente al estado de Tlaxcala, del Poder Judicial de la Federación, exigimos la libertad inmediata del Señor Saúl Rosales Meléndez, preso político por razones ambientales, luchador por la defensa del bosque de la Matlalcuéyetl, el agua y el territorio, habitante de la comunidad de Tlalcuapan, Tlaxcala. Acusado y sentenciado injustamente a 20 años por un crimen que no cometió.
