La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación del Tribunal Laboral que deberá concretarse el 24 de febrero de 2018, ha generado preocupación, incertidumbre y hasta confusión entre la clase trabajadora y las mismas autoridades judiciales que se encargarán de aplicar la nueva norma en material laboral.
La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje no es garantía de que la reforma resolverá su mal funcionamiento o el litigio inadecuado que se hace en ellas, coincidieron secretarios generales de la clase trabajadora en Tlaxcala, quienes han manifestado su preocupación y se han mantenido ocupados ante la imprecisión sobre el ingreso del Tribunal Laboral.
Los organismos sindicales observan incertidumbre y desconfianza, pues al igual que la misma autoridad aceptan que no resultará sencilla la transición.
El dirigente de la Federación Sindical de Agrupaciones Generales del Estado de Tlaxcala que está adherida a la CROM, Silvestre Molina Báez, hace un par de semanas comentó que actualmente las juntas de Conciliación y Arbitraje tienen una integración tripartita, con un representante de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, pero con la reforma se les quita el derecho de tener un representante en la solución de los conflictos.
En contraparte, se establece la función conciliatoria como etapa previa a los juicios laborales a través de un organismos descentralizado que dependerá de la Secretaría del Trabajo federal, lo que para ellos dijo, genera incertidumbre pues consideran que esta reforma laboral no ofrece las garantías jurídicas para agilizar la solución de los conflictos laborales y mucho menos, dijo, se acabará la corrupción.
“Sabemos que esta reforma busca mantener un control sobre las organizaciones sindicales, pero los tribunales implica más burocracia, tal vez estemos equivocados, pero es necesario que escuchen nuestro sentir, los cambios aprobados están lejos de solucionar la corrupción en la impartición de justicia laboral y en la creación de empleos, creemos que se propicia más corrupción. Las reformas deberían orientarse para combatir el outsourcing, en la creación de más empleos y en el mejoramiento del salario mínimo”, expuso.
En este mismo sentido, el secretario general del Sindicato Diálogo y Unidad, Eduardo Vázquez Martínez, advirtió la necesidad de capacitar a los dirigentes gremiales y a los trabajadores para enfrentar con éxito el nuevo esquema de judicialización de la ley laboral, pues “avizoramos problemas graves, ya que la desaparición de las Juntas Locales implica un proceso nada fácil, así que la implementación de justicia será complicada porque los criterios jurídicos son diferentes”.
La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez aclaró que el 24 de febrero de 2018, no inicia operaciones la Reforma en materia de Justicia Laboral, sino que en esa fecha se tiene que realizar la armonización legislativa para dar pie a este decreto.
Al pasar la materia laboral a ser parte del Poder Judicial, manifiesta que existe “preocupación” porque a seis meses de que entre en vigor, no saben de dónde saldrán los recursos para la creación del Tribunal Laboral, ya que simplemente les otorgan mayores facultades, pero “también se requiere presupuesto para hacer efectivos esos cambios” por ello, se trabaja con la Secretaría de Planeación Finanzas (SPF) para ver de dónde saldrá el recurso económico que se requiere.
Dentro de las consecuencias de la implementación de la Reforma es que haya estallamientos a huelga y se afecte la paz laboral de la entidad, además que ya no estará la composición tripartita entre el trabajador, el empleador y la autoridad, situación que violenta los derechos de las confederaciones, de los representantes de los trabajadores y de los representante de los patrones.
Aunado a la falta de presupuesto, se suma el de infraestructura y personal, “ahí empezamos a apretarnos las manos” acepta la representante del Poder Judicial, porque la implementación de 33 sistemas en las entidades federativas “no es nada sencillo”, primero deben estar las normas que se desprenden de lo que dice la Constitución para poderle dar forma a este nuevo procedimiento, donde habrá nuevas autoridades y en Tlaxcala el avance no es nada significativo, pues el Congreso local no ha dado muestras de querer hacer dicha armonización.
Por lo anterior, la titular del Poder Judicial, observó que es distinta la naturaleza jurídica que tienen los trabajadores de la administración pública (en referencia a los de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje), con los del Poder que ella representa “nosotros tenemos servicio de carrera, las personas no llegan a un puesto porque sí, tienen que pasar de ser oficiales de parte, luego diligenciarios, secretarios de acuerdos, proyectistas, para poder ser jueces. Muchas garantías judiciales en el desarrollo del encargo y una visión que no tenía que ver con lo laboral”.
En ese sentido dijo que al realizarse los cambios, se tendrá que ver la permuta de esta autoridad con lo que hacen en la JLCA y lo que será el trabajo del Tribunal Laboral, -para lo cual no hay reversa-, ya que se tiene que dar cumplimiento a los plazos constitucionales cuidando los derechos de los trabajadores, porque si los trabajadores de la Junta van a pasar al Poder Judicial “tendremos que cuidar que los derechos que tienen sean respetados, pero nuestra naturaleza es distinta y eso es un reto importante”, expuso.
Sin embargo, la mayor preocupación es que si se intentan disminuir tiempos y hacer más efectiva y eficaz la justicia, advierte la magistrada que “necesitamos con qué hacerlo y los presupuestos que traen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y lo digo con mucha responsabilidad, no son precisamente lo que la autoridad requiere, se tienen muchas carencias como muchas autoridades, pero particularmente yo sé de muchas carencias aquí, entonces es importante vislumbrar los presupuestos”.
Como conocedora de la justicia, consideró difícil esta situación y por ello, pidió la solidaridad de los sindicatos de trabajadores para que exijan que el cambio sea gradual, porque iniciar de pronto con miles de expedientes será complicado, “yo sí les pido su solidaridad a todos en el sentido que sea muy claro que el cambio tenga que ser gradual, hagan un ejemplo en su escritorio y de diez asuntos imagínense de pronto 5 mil, esto no tiene que ser así, tiene que ser gradual y si es gradual significa que cuando inicia la reforma empiezan los nuevos asuntos en el Poder Judicial y mientras se quedan las juntas extinguiendo los asuntos”.
Expuso que sólo de esta forma se dará seguridad jurídica temporal a los trabajadores, y por ello, se está trabajando y valorando con la presidente de la JLCA quien por iniciativa propia ha generado actividades regionales para ver qué realizarán al respecto.
Evidentemente hay otro problema que es la infraestructura, porque donde se prestan los servicios no es cualquier lugar, los conflictos laborales tienen muchas bondades, y confía en que en el procedimiento se prevea que haya mucha oralidad, porque de por sí lo laboral tiene mucho en sí de lo oral eso pudiera facilitar que todo sea mucho más rápido.
Los datos de la JFCA
Ante la transición que habrá en 2018 de la Junta Federal a Tribunal Laboral, de enero a la fecha de este 2017 se incrementó entre 15 y 20 por ciento el número de demandas en comparación con el año pasado, informó Juan Jesús Pineda Villanueva, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 46, ubicada en Tlaxcala.
Ha recibido de 520 a 550 demandas nuevas en lo que va de 2017, por lo mismo de la transición, en los primeros siete meses ingresaron más asuntos que en años anteriores, registrando un crecimiento de 15 a 20 por ciento ante esta instancia federal.
La JFCA atiende asuntos de miscelánea, mismos que corresponden a demandas laborales en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y de empresas particulares de la rama del vidrio, hule y automotriz, pero el 65 o 70 por ciento de los asuntos son contra el IMSS.
Ante los cambios que se registrarán a partir de 2018, se han dedicado a la depuración de expedientes que ya caducaron en el aspecto procesal, con la finalidad de darlos de baja y mandaros al archivo de la Ciudad de México para liberar espacio en la JFCA para atender las demandas que entran día con día.
Incluso la autoridad federal se ha dedicado a los expedientes que tienen mayor rezago, de 2005 a 2008, “vamos a sacar ese rezago histórico y la meta es que nos quedemos sin rezago histórico, que los expedientes sean de 2009 a la fecha y lo que es de 2008 hacia atrás, cero”, ahondó.
Y es que la JFCA a su cargo tenía más de 11 mil 400 expedientes, sin embargo, se fueron más de 7 mil al archivo a la Ciudad de México y quedan 4 mil vigentes, de los cuales, mil están para proyecto y los 3 mil restantes se encuentran en procedimiento, con diligencias o pendientes de audiencia.
De esta forma, dijo que se ha dado celeridad a los expedientes que corresponden a los años de 2008 y 2007, “no sólo a la hora de dictar laudos, sino en asignar audiencias y desahogar diligencias”, a fin de que sea un menor número el que vaya en la transición hacia el 2018 cuando la JFCA, se convierta en Tribunal Laboral.
Informes de la JLCA
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la situación también está encaminada al traslado de los expedientes. Hoy mismo en Tlaxcala, de 2011-2016, se registraron 17 mil 821 asuntos, mismos que fueron los que conoció esta autoridad local en seis años.
La presidenta del organismo local, Karina Edith Torres Vázquez, informó que son 18 mil 761 los expedientes que ingresaron, de los cuales se radicaron 17 mil 821 y en este 2017 se tienen activos 5 mil 886 asuntos.
Aunque también se resolvieron por la vía de la conciliación 350 de mil 390 expedientes concluidos en lo que va de este año, lo que representa el 25 por ciento. Por ello, la funcionaria local consideró importante la parte de la conciliación que ofrece la Reforma Constitucional con un organismo especializado en esta materia.
La impartición de justicia laboral es uno de los pilares fundamentales para que se den las inversiones privadas, pues Tlaxcala tiene que ser atractivo a los hombres de negocios en esta materia.
“Si hay un lugar en donde no hay impartición de justicia ágil, en automático se pone un punto negativo para la promoción de la inversión y en la Junta Local estamos conscientes de esta situación y por eso no hemos parado de hacer las mejoras continuas desde hace algunos años y en 2017 estamos enfocados a culminar con la mayor parte de conflictos posibles”.
Por ello, en la JLCA también se preparan para la transición de la reforma laboral que se tiene que concretar en su primera etapa, que es la armonización de las leyes locales, a más tardar el 24 de febrero de 2018.
Mientras que la segunda etapa es continuar con los preparativos para hacer la transición física y administrativa a las nuevas autoridades laborales, que son los Centros de Conciliación y el Tribunal Laboral que dependerá del Poder Judicial local.
