Luego de presentar su renuncia para resolver su situación legal, ante la denuncia penal que enfrenta por su desempeño en el trienio del exalcalde panista, Adolfo Escocar Jardínez, Norma Sánchez Tepetla dejó de laborar como tesorera en el ayuntamiento de Chiautempan desde el 31 de diciembre, indicó el alcalde Héctor Domínguez Rugerio.
En conferencia de prensa, comentó que tras la detención el miércoles por policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de su excolaborador, dijo que supo de su situación en noviembre pasado, así que optaron por terminar su relación laboral al cierre del ejercicio fiscal 2017.
En tanto, nombró a Omar Pérez Vargas como encargado temporal de las finanzas municipales, hasta que se analice su desempeño y sea nombrado oficialmente, o bien, se designe a otra persona.
El alcalde sarapero mostró el documento donde se le notificó sobre el cambio al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del Estado, pues se tenía el compromiso de subsanar las observaciones hechas al ayuntamiento por la estancia laboral de Norma Sánchez, al presentar una denuncia penal por el uso indebido de atribuciones y funciones cuando fungió como tesorera en la capital del estado.
Puntualizó que la comuna entregó sin problema el tercer trimestre de la cuenta pública, aunque falta el cuarto trimestre, que corresponderá realizar al nuevo encargado con su equipo de trabajo.
Por lo anterior, descartó problemas para su administración ya que tenían todo previsto para culminar en los mejores términos, “el ayuntamiento empieza a saber a principios de noviembre, entonces cuando fue su contratación (1 de julio) estaba bien, nada impedía ocupar ese cargo, yo no sabía del antecedente, ya nos los hicieron saber en noviembre pero ya estaba en funciones”, comentó.
El edil calificó el trabajo de su extesorera como “disciplinada”, quien además mostró conocimiento en la materia y siempre lo mantenía al tanto sobre los manejos financieros del municipio.
Cabe mencionar que la extesorera ingresó al anexo femenil del Centro de Reinserción Social de Apizaco, donde se definirá su situación jurídica ante un Juez de Control, por el presunto delito de daño al erario y por la compra del terreno donde se edificó el Polideportivo.
