De acuerdo con Laura Rojas Maravilla, joven que fue víctima de violación en una empresa textil en Mazatecochco, existen indicios suficientes para advertir que su agresor pueda salir libre, pues señaló que uno de sus abogados defensores es sobrino del magistrado ponente de la sala del caso.
En rueda de prensa, la afectada informó que el próximo miércoles se llevará a cabo la tercera audiencia con su agresor después de que, denunció, el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez pretendía liberar al agresor sexual que actualmente se encuentra encarcelado.
En ese sentido, acusó que el mismo funcionario judicial trato “debajo del agua” liberar al agresor, “ya no que me aceptaba mis escritos ni los recursos que yo le presentaba para poder seguir el caso. Pareciera que el que tiene dinero es quien puede acceder a la justicia”.
Al respecto, Laura Rojas Maravilla aseguró que a partir de que denunció el caso mediática y penalmente, ha sido víctima de intimidaciones por parte de la familia de su agresor, lo que la ha llevado a temer por su integridad y la de su familia.
Por ello, responsabilizó a la familia del actualmente encarcelado de cualquier situación que la pudiera poner en riesgo una vez que se lleve a cabo el desarrollo del juicio respectivo.
Incluso, lamentó que fuera únicamente a través de las presiones que ejerció a través de la activista Rosi Orozco como pudo advertir justicia en su caso, aunque ahora presume que pudiera quedar impune a partir de la relación familiar de uno de los abogados defensores de su agresor, con el magistrado presidente de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes.
Por ello, nuevamente emitió el llamado para que el Tribunal Superior de Justicia establezca una posición imparcial sobre el asunto, y evite que una mujer de escasos recursos pueda permanecer sin acceso a la justicia.
La declaración de Laura Rojas se emitió un día después de que el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez se defendiera de las acusaciones que expuso en su contra Rosi Orozco, mismo funcionario que se reservó su derecho de proceder legalmente por los señalamientos.