Pobladores de San Juan Quetzalcoapan, municipio de Tzompantepec acusan que a casi cuatro meses de haber solicitado al Congreso local la revocación de mandato de la presidenta Susana Camarillo Hernández, la situación en su comunidad ha empeorado pues ella aún recibe las participaciones pero no ha ejecutado obra pública y los servicios son deficientes.
A su arribo al Palacio Legislativo, uno de los inconformes Nicolás Montiel Osorno acompañado de un grupo de vecinos, informó que el proceso continúa y mientras tanto la presidencia permanece cerrada, puesto que aunque solicitarán al cabildo del municipio designar de manera temporal a una comisión de regidores o un presidente sustituto, las esto no suceedió.
“La situación está cada vez más crítica, ella sigue cobrando su sueldo, manejando las participaciones y el dinero del gasto corriente mientras esta en su casa, ahorita venimos a una audiencia entre los testigos y ella, presentaremos nuestras pruebas de todas sus irregularidades”, dijo.
En cuanto a la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), quien en abril pasado, ordenó al ayuntamiento restituir a Camarillo Hernández, al considerar que mientras el Congreso local no emita un dictamen sobre la solicitud de revocación de mandato se deben garantizar los derechos político electorales de la presidenta de comunidad, Montiel Osorno, indicó que la mayoría de los habitantes no permitieron que ingresara a la presidencia y continuarán en esa postura hasta que concluya el proceso legislativo.
“Tiene unos quince días que quiso volver a tomar posesión, según iban a llegar los del TET, DEL Congreso y el Órgano de Fiscalización, pero nada más llegó la síndico y el secretario, ese día los ánimos se acaloraron y la gente quería que regresará las llaves y el sello porque el acuerdo con el ayuntamiento era que se le iba a regresar en presencia de todo el pueblo y se los dieron antes”, explicó.
Cabe recordar que en enero pasado durante una asamblea, los habitantes de Quetzalcoapan desconocieron a Susana Camarillo como presidenta de comunidad y la acusaron de cometer diversas irregularidades, como el supuesto desvió de recursos y de que el 60 por ciento del gasto corriente correspondía al pago de su quincena.
