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Nueva York. Procuradores generales de 16 entidades de Estados Unidos se pronunciaron de manera conjunta contra la orden ejecutiva que veta la entrada a ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes y prometieron combatirla con todos sus recursos legales.
En un comunicado, los procuradores consideraron que la orden ejecutiva, que prohibe también la entrada a refugiados sirios, es “anti-estadunidenses e ilegal”, además de que es un atentado directo a la Constitución de Estados Unidos.
“Condenamos la orden ejecutiva inconstitucional, anti-estadunidense e ilegal del presidente (Donald) Trump y trabajaremos juntos para asegurar que el gobierno federal obedezca la Constitución, respete nuestra historia como país de inmigrantes, y no ataque ilegalmente a nadie por su nacionalidad o fe”, asentaron.
Los procuradores, que en conjunto representan a más de 130 millones de ciudades y residentes extranjeros en sus estados, apuntaron que la libertad religiosa ha sido, y será siempre, un principio básico de Estados Unidos que ningún presidente puede cambiar.
El comunicado fue firmado por los procuradores de Nueva York, California, Pensilvania, Washington, Massachusetts, Hawaii, Virginia, Oregon, Washington DC, Connecticut, Vermont, Illinois, Nueva México, Iowa, Maryland y Maine.
El grupo recordó que el sábado pasado varios tribunales federales se pronunciaron por la suspensión de la orden ejecutiva.
Asimismo, prometieron utilizar “todas las herramientas de nuestras oficinas para luchar contra esta orden inconstitucional y preservar la seguridad nacional y los valores fundamentales de nuestra nación”.
Los procuradores expresaron su confianza de que la orden será finalmente derrotada por los tribunales, y mientras tanto manifestaron su compromiso para asegurar que el menor número posible de personas sufra la caótica situación creada por la decisión del presidente Donald Trump.
Trump anunció el viernes pasado nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas.
Asimismo suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados, detuvo indefinidamente la llegada de aquellos procedentes de Siria y durante 90 días la de los siete países con población predominantemente musulmana (Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán).
