Foto: Especial/Síntesis
La directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, Galilea Cariño Cepeda, evidenció que una vez que los procesados salen de prisión no son considerados para adaptarse a la cotidianidad.
Y es que dijo que a pesar de que en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) se establece regular los medios para lograr la reinserción social de los ex convictos, no se aplica dicha política.
“No solamente en tema de clasificación, y tema de talleres, sino el tema de seguridad, conducta y muchas veces el tema de contacto con el exterior y reinserción una vez que están afuera de las prisiones, que muchas veces no está siendo considerado”, explicó.
Al presentar el estudio Observatorio de Prisiones, proyecto impulsado por la organización Documenta AC, dijo que en las cárceles de Puebla existen otros elementos que están siendo desatendidos o descuidados, como el caso de la no aplicación de medidas alternativas a la prisión, o de otros beneficios, como el trabajo beneficio a la comunidad, que es poco explorado y poco aplicado en nuestro estado.
“Y poblaciones que tienen casi el 70 por ciento de personas en prisión preventiva, y eso no puede estar sucediendo porque estamos violentando todos los derechos en conjunto”, alertó.
Por su parte, Marissa Huber coordinadora del Observatorio de Prisiones, cuestionó la política del sistema penitenciario en Puebla, pues exhibió que las estadísticas refieren que no existe una armonización en la reinserción social de los presos en las cárceles poblanas.
«La prisión preventiva es una medida cautelar con la que se priva a la persona de su libertad durante la investigación del delito. En principio, esta medida se utiliza únicamente al tratarse de delitos graves. Sin embargo, en la práctica se usa excesivamente, generando sobrepoblación en los centros de reclusión y, por ende, condiciones desfavorables dentro de los mismos», eso es lo que podría estar pasando en el estado de Puebla, dijo la defensora de los derechos humanos de los presos.
Población penitenciaria
En Puebla, la tasa de personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes aumentó 6.41 puntos entre los años 2012 a 2016. Al cierre del año 2016, en la entidad había 8 mil 890 personas privadas de la libertad.
Según datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las 585 mujeres que se encuentran en reclusión en Puebla, más de la mitad, 54.36 por ciento, aún no tienen sentencia, mientras que para la población varonil este porcentaje es de 45.91 por ciento.
El reporte agrega que de los 22 centros penitenciarios en Puebla, 12 redujeron su calificación de 2012 a 2016 y 10 la aumentaron, aunque algunos de manera mínima, como en los distritos de Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Libres.
Los centros de reinserción de Tepeaca, Acatlán de Osorio, Tecamachalco, Atlixco y Tehuacán se encuentran con calificaciones reprobatorias; mientras que el Cereso de San Miguel obtiene 6.74 de calificación.
