En al menos 32 proyectos de energía se han registrado conflictos sociales, incluidos 7 gasoductos, 8 hidroeléctricas, y un pozo petrolero ubicado en Veracruz adjudicado en la Ronda Uno de Pemex, y que representan una inversión de 10 mil 200 millones de dólares en riesgo por problemas sociales, advirtió María de las Nieves García-Manzano, de GMI Consulting, empresa consultora en impacto social y ambiental para el sector de energía.
Estos proyectos, dice, “están generando incertidumbre social y jurídica en el sector energético, así como un posible impedimento a las inversiones”, ya que pese a que la ley de hidrocarburos preve consultar y evaluar el impacto social para garantizar el derecho de las comunidades a ser escuchadas sobre los planes de afectaciones, en la práctica no se aplica la ley en la materia.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, desde la entrada en vigor de la Reforma Energética se han asignado 39 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, 22 de gasoductos, y 74 de electricidad limpia, es decir un total de 135 proyectos que representan una inversión de 67 mil 604 millones de dólares, recordó García-Manzano.
Precisó que tanto la Evaluación de Impacto Social para establecer las medidas de mitigación, prevención o compensación necesarias en acuerdo con las propias comunidades, como la Consulta Indígena que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por proyectos de desarrollo que puedan poner en riesgo sus derechos fundamentales y sus usos y costumbres, son instrumentos ampliamente aplicados en diversas partes del mundo con excelentes resultados para prevenir conflictos sociales.
Sin embargo, dijo que las empresas promoventes ven en muchos casos a la Evaluación de Impacto Social como un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía y no como un instrumento que les permita conocer las necesidades de la población, interactuar con los actores de interés, e identificar los conflictos sociales potenciales para anticiparse a ellos.
Aunado a lo anterior, explicó que el hecho de que no exista la regulación secundaria para poner en práctica estos instrumentos, ha generado un caldo de cultivo para la expansión de intereses casos ajenos tanto a los proyectos como a las comunidades, que ponen en riesgo la ejecución de los proyectos para las empresas y la posibilidad de que los beneficios sociales derivados de ellos puedan llegar a la población.
