Una de las mayores insistencias que ha planteado en los últimos tiempos la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) es sobre las ciudades que están en riesgo por; el aumento de asentamientos humanos en zonas propensas al riesgo; la falta de recursos para la reducción del riesgo de desastres; la escasa gestión urbana; el inadecuado sistemas de alcantarillado y de los residuos sólidos y el declive de los ecosistemas.
De la misma forma plantea como problemas graves: las infraestructuras debilitadas y los estándares de construcción inseguros; los servicios de emergencia descoordinados; y los efectos negativos del cambio climático que probablemente aumenten o disminuyan las temperaturas extremas y la precipitación.
En su caso, la Organización de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/64/2004 resalta que reducir el riesgo de desastres es una acción tan importante que debe ser responsabilidad de los múltiples sectores que conforman la sociedad, pues además de establecer medidas de atención y prevención de riesgo, en paralelo contribuyen al logro del desarrollo sostenible.
En México de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 el 78 por ciento de la población (es decir 87 millones 622 mil 449 habitantes), vive en localidades urbanas, las cuales continuamente son rebasadas en su función y demarcación espacial, por ejemplo entre 2001 y 2013 un total de mil 951 municipios (79.4 por ciento de los municipios del país), fueron declarados al menos en una ocasión en condiciones de desastre por eventos hidrometeorológicos (ciclones, lluvias, inundaciones y sequías) y tan solo en 2013, 3.14 millones de personas resultaron afectadas a causa de los fenómenos naturales.
En otro orden de ideas, es de señalar que los asentamientos humanos en nuestro país, se encuentran expuestos a la ocurrencia de fenómenos naturales, situación que provoca que más de 90 millones de habitantes en el país residan en zonas de riesgo, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el resto 20.5% lo hace en zonas rurales.
En el caso de nuestra entidad federativa, existen registro de inundaciones y desbordamientos, historia sísmica, actividad volcánica, incendios forestales, usos de suelo irregulares, concentración promedio anual por contaminante atmosférico, elevaciones en los Ríos Atoyac, Alseseca, San Francisco; fenómenos que ponen en riesgo los asentamientos humanos.
En ese contexto, desde mi posición de ciudadano y como diputado local he insistido en que es necesario evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales.
Por eso, esta semana tuve la oportunidad de presentar ante el pleno del Congreso el acuerdo en el que se propone adicionar en el capítulo cuarto denominado delitos de peligro contra la seguridad colectiva, en su sección cuarta, llamada delitos contra el orden en el desarrollo urbano, artículo 199 Ter., un supuesto más, para sancionar con cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientos días de salario, tanto a los sujetos privados o públicos que, autoricen indebidamente construcción en zonas de riesgo, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad o de protección en derechos de vía, o que no respeten la definición de Área Urbanizable, contenidas en las Planes de Desarrollo Urbano, tanto Estatal como Municipales, así como en los de Protección Civil, Estatal o Municipal en materia de riesgo.
Estas reformas no surgen por ocurrencias e improvisaciones. Son el resultado de un trabajo que tiene bases en estudios internacionales de prestigio y que revelan que en la actualidad, las ciudades están en un constante riesgo
La prevención, sin duda, es la mejor herramienta que tiene la sociedad organizada para hacer más eficiente el uso de los recursos, pero sobre, para garantizar lo más preciado que tenemos, la seguridad y la vida.
