Foto: Gerardo Orta/síntesis
Para la temporada de cuaresma 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) anunció que en Tlaxcala se comercializarán 525 toneladas de productos de mar.
De acuerdo al delegado de Sagarpa en la entidad, Jaime Garza Elizondo, del total de toneladas que se tienen previstas para su comercialización, 25 corresponden a cinco organizaciones de productores locales cuya mercancía se distribuye en 150 establecimientos reconocidos.
En total, la Sagarpa estima una derrama económica de un millón 750 mil pesos por la venta de productos pesqueros y acuícolas exclusivamente en la temporada de cuaresma.
Cabe señalar que de acuerdo a la Sagarpa en Tlaxcala, la mayor cantidad de productos del mar y acuícolas que se consumen en la época de cuaresma provienen de zonas como Puebla, Ciudad de México y Veracruz.
De hecho, para ese periodo serán 500 toneladas las que llegarán a Tlaxcala para sumarse a las que se ofrecerán por parte de productores locales.
Instancias del gobierno de la República, anunciaron la víspera el “Operativo de Cuaresma 2017”, en el que se tienen contempladas diversas acciones tanto sanitarias y comerciales para garantizar a la ciudadanía que consumirá productos inocuos y apegados a las normas.
Al respecto, la delegación local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impondrá sanciones económicas que llegarán a los dos millones 700 mil pesos para aquellos comerciantes que incumplan con alguna norma establecida.
El operativo de la Profeco inició el uno de marzo y concluirá el 17 de abril, en el que se prevé la realización de 200 acciones de verificación en los municipios de: Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala, y Zacatelco.
Por su parte, la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coeprist) anunció que se realizarán 300 visitas de verificación a diferentes establecimientos de venta de pescados y mariscos y se tomarán 100 muestreos de agua y hielo.
Aquellos lugares que incumplan con las normas establecidas en materia de sanidad, serán acreedores al inicio de procedimientos administrativos o multas de 100 a cuatro mil días de salario mínimo.