Con el propósito de evitar nuevos casos de omisiones y/o errores en las publicaciones del Periódico Oficial del Estado, los diputados locales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local, presentaron ante el pleno de la LXIII legislatura una iniciativa para adicionar diversas disposiciones del artículo 8 BIS de la Ley del Periódico Oficial del Estado.
Luego de presentar en tribuna la propuesta, los legisladores Margarita Ramos Villeda, Sandra Simey Olvera y Marco Antonio Ramos Moguel., señalaron que el objetivo de su propuesta es que no se repitan nuevas fallas como las relacionadas para la asignación de patentes de notario y errores en la publicación de la Ley de Hacienda.
Al respecto Ramos Villeda señaló: “No debemos olvidar que en este último caso dio como resultad o el cobro del impuesto a la nómina a los empresarios asentados en la entidad y que a pesar de las inconformidades presentadas no sucedió nada ni se sancionó a nadie por lo que es necesario reformar las normas legales en la materia a fin de que no se repita algo así”.
Los diputados que se pretende evitar este tipo de errores, por lo que con estas disposiciones se busca que la Dirección de Publicación del Periodico Oficial, vele por la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información y publicar de manera fiel en los contenidos que obren en las órdenes de publicación que les sean giradas por los Poderes del Estado.
“Por ello consideramos que es necesario que se reciba en custodia la información a publicarse, además de integrar y conservar el archivo del Periódico Oficial y rendir un informe anual escrito de actividades a los Poderes del Estado, así como hacer una compilación electrónica anual de los ejemplares y distribuirlos entre los entes públicos, los tres poderes, los 84 ayuntamientos y la red estatal de bibliotecas de la entidad”.
Para finalizar manifestaron que los errores que han sido señalados al periódico oficial del estado, ocasionaron en el caso de la Ley de Hacienda que no fue publicada en su totalidad, la Secretaría de Finanzas cobrara de manera indebida el tres por ciento del impuesto sobre nómina lo que además de molestia en algunos sectores de la población causó inconformidad entre los empresarios.
