La interrupción legal del embarazo por violación está garantizada en Hidalgo a pesar que el Congreso federal ha postergado su análisis en dos ocasiones, indicó Bertha Miranda Rodríguez, presidenta por la Red de Derechos Reproductivos y Sexuales (Ddeser) en Hidalgo.
El dictamen congelado en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados pretende reformar los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Víctimas, con lo cual, el Sistema Nacional de Salud garantizaría en niveles: federal, estatal y municipal; la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención a través de los artículos”.
Esta norma permite al personal de los Servicios de Salud brindar la irrupción legal del embarazo a mujeres víctimas de violación sin verificar el dicho de la solicitante, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas.
Además, la activista puntualizó que la buena fe y el principio pro persona de la Constitución Política Mexicana desde 2011 permite que el acceso al aborto incluso sin que exista una denuncia de por medio y el Código Penal del Estado permite el aborto por violación en su numeral 158.
Agregó que la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar) documentó tres interrupciones legales del embarazo que realizó la Secretaria de Salud en Hidalgo durante el 2016, cuando entró en vigor la norma.
Y llamó a que las autoridades judiciales y de salud capaciten a Ministerios Públicos y trabajadores de la educación en respetar el principio pro persona.
