Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández deberá enfrentar un juicio por las supuestas irregularidades en el mercado de cambio cometidas durante su gestión.
El juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral la causa en la que la exmandataria (2007-2015) está acusada del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, informó el jueves el Centro de Información Judicial. Todavía debe definirse la fecha en que un tribunal federal iniciará las audiencias.
Bonadío también envió a juicio por la misma causa al exministro de Economía y actual diputado del peronista Frente para la Victoria Axel Kicillof y al extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros.
El juez considera a la expresidenta partícipe de una maniobra mediante la cual el Banco Central ofreció a fines de 2015 dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77.000 millones de pesos (unos 4.929 millones de dólares al cambio actual).
«Resulta paradójico que quienes debieran ser los más interesados en que este proceso avance y se acerque al momento en que se encuentre en condiciones de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin a la situación de incertidumbre… son quienes se oponen a la elevación a juicio de esta causa», reprochó Bonadío a los abogados defensores.
El delito imputado a Fernández contempla penas de cinco a 20 años de prisión.
La exmandataria ha denunciado que varios funcionarios del actual gobierno del presidente Mauricio Macri participaron de esa operatoria y resultaron beneficiados por la fuerte devaluación del peso dispuesta por su sucesor pocos días después de asumir el 10 de diciembre de 2015.
Fernández también es investigada por Bonadío por supuesto lavado de dinero y por haber presuntamente recibido sobornos de empresarios. Además el juez federal Julián Ercolini la procesó junto a dos exfuncionarios por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
La exmandataria sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por el poder político.
