Las condiciones de inseguridad tan graves que privan en el país hacen de las declaraciones patrimoniales de quienes laboran en el servicio público una importante fuente de información para la delincuencia, por lo que justificó que el grueso de funcionarios se nieguen a hacer pública las mismas.
“Desafortunadamente el formato que ahora existe para esas declaraciones es demasiado abierto, y detalla información que ubica al funcionario en un punto riesgoso; todos tenemos familia”, aseguró por la contralora estatal, Citlali Jaramillo.
Subrayó que “somos conscientes de que vivimos en un lugar inseguro y que no podemos exponernos tanto”, aunque dijo, se es muy precisa la vigilancia en la evolución patrimonial de cada funcionario. “El amor y el dinero no se pueden ocultar”, señaló.
Precisó que son ocho mil los funcionarios de la administración estatal los que tienen que presentar declaración patrimonial, del nivel nueve hacia arriba, es decir, de encargado de departamento hasta el gobernador del estado, y todos aquellos que manejen recursos públicos, sea cual fuere su nivel.
Informó que hasta el momento la totalidad de los sujetos obligados han presentado su declaración.
En donde sí se está batallando, afirmó, es en la declaración de conclusión de exfuncionarios que tienen que presentarla, “y estamos en una campaña, informándole, porque luego no la presentan por desconocimiento”.
En el mes de mayo, recordó, vence el plazo para presentar esta declaración en tiempo y forma, y calculó que faltan unos 180 ex funcionarios por cumplir con la misma.
Se trabaja además, detalló, en la promoción y recepción de las declaratorias de Conflicto de Intereses, de los funcionarios públicos,, que será parte del andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción.
