Las autoridades estatales tienen ubicadas a 8 mil 109 empresas de distintos sectores que arrojan sus desechos al río Atoyac, cuyos dueños recibirán un ultimátum para corregir el problema o serán sancionadas, afirmó Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.
Dijo que aunque en años anteriores la autoridad fue más flexible con los empresarios, ahora “habrá cero tolerancia”, ya que aquellas personas o compañías que contaminen el afluente tendrán un “plazo fijo” para iniciar con el saneamiento de sus descargas de agua.
El funcionario estatal precisó que a más tardar en 15 días se entregará a los actores involucrados un diagnóstico general sobre el nivel de contaminación del Atoyac por los 22 municipios que cruza, entre Puebla y Tlaxcala.
Señaló que dicho documento contiene los nombres y apellidos de los propietarios de industrias que de manera indebida realizan descargas de sustancias tóxicas en la cuenca del Atoyac, así como también se tienen detectados negocios que no cuentan con plantas tratadoras para coadyuvar en este trabajo.
Riestra Piña reveló que el estudio cuya realización comenzó hace dos años, establece que 4 de los 22 municipios de la región del Atoyac cobran por el servicio de saneamiento pero sólo uno cumple, por lo que se enviaría un escrito a los ayuntamientos para que inicien acciones a fin de corregir las “malas prácticas”.
«Tenemos ya la medición ininterrumpida de dos años de monitoreo y el objetivo es que este diagnóstico nos permitan sentar las bases para el diseño de una política pública para iniciar el saneamiento, esto será en breve», citó.
Añadió que los alcaldes serán notificados respecto a sus obligaciones como la instalación de plantas de tratamiento y la inclusión en la ley de ingresos del cobro de la construcción de colectores y equipos que sanean el agua.
Adicionalmente comentó que se firmará un convenio entre Puebla y Tlaxcala, y con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para iniciar el saneamiento de la cuenca con base a los resultados del monitoreo que se tiene actualmente.
