La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo ha radicado en el gobierno estatal 500 de los más de seis mil millones de pesos asignados a Hidalgo para obra pública este año; se espera sin embargo que la próxima semana comiencen más licitaciones, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos Henkel Escorza.

“Son los 500 millones  de pesos que se han licitado hasta ahora, las obras están detenidas, ha habido muy poca licitación, como todos ustedes lo han visto”, señaló el empresario.

Sin embargo  informó de pláticas con el secretario de Obras Públicas, José Ventura Meneses, en el que el funcionario le aseguró que la semana próxima arrancarán nuevos concursos de obra pues se espera la llegada de más recursos.

Informó que Ventura Meneses se reunirá con los  constructores afiliados a la CMIC-Hidalgo en breve, precisamente para hacerles la presentación del programa de obra pública 2017, “y hará los anuncios correspondientes”.

Cuestionado sobre el retraso en la aplicación del presupuesto de seis mil 500 millones de pesos asignados a Hidalgo, para ser ejecutados por los tres niveles de gobierno, Henkel Escorza señaló que dicho inició  por los ajustes a precios unitarios de los materiales de construcción.

Las autoridades estatales argumentan que “están esperando que la ventanilla de la Secretaría de Hacienda les determine montos, porque todavía se realizan movimientos sobre cuánto se puede ejecutar, cuánto para un estado y para otro; que además están buscando atraer recursos de otros estados que no han cumplido con la presentación de expedientes”, afirmó el constructor.

Al respecto, dijo, el Observatorio de la Industria de la Construcción señala que ya fue liberado este presupuesto pero los recursos no han sido radicados en el gobierno estatal.

Preocupan las “empresas fantasma”

Por otra parte, Henkel Escorza habló de la preocupación que embarga a los constructores por la aparición de “empresas fantasma” en los concursos de obra, no sólo porque pudiera tratarse de malos manejos de los recursos públicos, sino porque estas empresas, inexistentes cuando se verifica su domicilio, su carátula fiscal, entre otros datos, pueden ser un mecanismo del crimen organizado para conocer qué empresas obtuvieron qué obras, por qué montos, con qué adelantos, etcétera, convirtiéndose el constructor en blanco de la delincuencia.