La transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía de la República debe fundamentarse en criterios técnicos, no políticos, razón por la cual la Coparmex solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Ciudad de Washington DC, que brinde a México el acompañamiento técnico necesario, informó el presidente de la confederación en Hidalgo, Sergio Baños Rubio.

De igual manera los empresarios Coparmex en el país exigieron a diputados, y en especial a senadores, que antepongan su responsabilidad como representantes ciudadanos a sus intereses partidistas o personales, y realicen los nombramientos pendientes, en tiempo y forma, y privilegiando la trayectoria de los aspirantes.

Baños Rubio informó de los resultados de la visita a la CIDH, con el objetivo de “lograr una Fiscalía de la República con capacidad técnica, operativa y de gestión, independiente para investigar y apta para funcionar de acuerdo al nuevo Sistema de Justicia Penal. Por supuesto, consideramos que la Fiscalía General deberá de mantener su autonomía”.

De igual manera Baños Rubio subrayó que el Senado tiene pendientes de designar a más de 45 servidores públicos que encabezarán organismos que son pilares de nuestra democracia y de nuestra economía.

Uno de los nombramientos que más interesa a la sociedad es el del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción”, y señaló que si bien no existe una fecha límite para tal designación, ésta debe coincidir con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual sucederá el 9 de abril de 2017. Deben además ser nombrados 26 integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Es fundamental que el proceso de selección de los magistrados de las salas especializadas en materia de corrupción de ese Tribunal, y que serán pieza clave para que los actos de corrupción sean juzgados y sancionados, se realice de forma transparente y ejemplar”.

La Cámara alta también debe efectuar designaciones de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la misma forma de un consejero independiente para las empresas productivas del Estado como lo son PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, Además, este mismo año deben ser designados un nuevo vicepresidente del INEGI y el gobernador del Banco de México.

El incumplimiento por el senado de los plazos establecidos para designar a los funcionarios constituye una amenaza para la vida institucional de dichas organizaciones y afecta la toma de decisiones de órganos colegiados, al tiempo que genera incertidumbre para los ciudadanos”.

Dijo finalmente que “la Coparmex continuará promoviendo el acompañamiento por instituciones nacionales e internacionales, en cada uno de los nombramientos ya mencionados. Es tarea ciudadana exigir que los legisladores asuman a plenitud su papel de contrapeso constitucional y democrático frente a los poderes Ejecutivo y Judicial”.