Foto: Joaquín Sanluis
El treinta por ciento de los municipios del estado de Tlaxcala aún no inician el proceso de certificación de los cuerpos de seguridad, por lo que la corporación se encuentra inhabilitada para portar armas de fuego.
En entrevista, la Secretaria de Gobierno y a la vez responsable jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), Anabel Alvarado Varela, confirmó que, en contraste, en el setenta por ciento de los municipios ya existe avance al respecto, aunque se han detectado casos en los que la corporación fue totalmente reestructurada.
Al respecto, señaló que el gobierno estatal ha insistido con los ediles para que cumplan con los requisitos que la ley establece sobre seguridad y resguardo, pero sobre todo en materia de capacitación y profesionalización del personal policíaco.
Si bien señaló que la Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal de Seguridad han sido instancias respetuosas de las decisiones en municipios, sí recomendó a los alcaldes acelerar al proceso de certificación para que tengan mayores herramientas para el resguardo.
La Secretaria de Gobierno dijo desconocer las causas por las cuales un treinta por ciento de alcaldes no ha solicitado la coordinación con la CES para iniciar el trámite de certificación policial, aunque dijo que mantendrá coordinación con las administraciones para acelerar el proceso.
“Desde la Comisión Estatal se han recibido solicitudes de ayuntamientos, hay quienes ya tienen policías acreditados, sin embargo nosotros en lo que hemos insistido es que se cumpla con aquellos en los que han renovado sus policías municipales.”
Anabel Alvarado Varela confirmó los hechos que se presentaron la madrugada del lunes, cuando el presidente de la comunidad de San Isidro perteneciente a Apizaco, Salvador Rojas Ramos, fue baleado, “por posiciones distintas a la de su figura como presidente municipal”, según declaró la funcionaria.
Especificó que el asunto ya está en investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), aunque descartó que los hechos estén vinculados con asuntos de carácter delincuencial organizado o a un ajuste de cuentas.
