De cara a las leyes anticorrupción y la proveeduría y ejecución de obras por empresas particulares, el fiscalista Germán Reyna y Herrero contrastó que en Puebla el padrón de proveedores gubernamental suma 900 firmas, mientras que las empresas socialmente responsables apenas reporta 36 registros.
En conferencia de prensa infirió que los proveedores del gobierno incumplen una serie de normas que se plantean ahora de cara a la Ley Anticorrupción y pueden incurrir en motivos de sanción si incurren en tráfico de influencias o sobornos, o si bien, una persona está suscrita en varias empresas como accionista o funcionario.
Indicó que las empresas deben apostar por diseñar manuales internos y de procedimientos, incorporar elementos de auditoría, así como cumplir con una serie de obligaciones que antes evadían, aún siendo contratistas gubernamentales, como dar de alta a todos sus trabajadores ante el IMSS y cubrir sus cuotas obrero patronales.
El sistema estatal Anticorrupción que entrará en vigor el 19 de julio generará un Tribunal Fiscal Administrativo especializado, así como una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con acceso a la información pública necesaria para apoyar la fiscalización de recursos en los tres niveles de gobierno.
