Poco lugar hay a la sorpresa por la decisión reciente del Consejo General del INE de no ejercer sus facultades de atracción de la organización de los comicios para la renovación de la gubernatura en el Estado de México, tal como era la solicitud del PAN. Y mucho menos lugar hay a la sorpresa por las fofas argumentaciones ofrecidas, según las cuales no se aprecian violaciones al orden electoral que ameriten dicha petición. Y se entiende por qué. Atraer la elección del estado de México, en principio, implicaría para los consejeros del INE una nueva confesión de culpa sobre su errático y partidizado proceder en la integración del actual Consejo General del IEEM; y, lo que es peor, sentaría un complicado precedente de cara a la organización de los 30 procesos comiciales concurrentes a celebrarse el próximo año.
Una mirada cruda a lo que sucede en el Estado de México es más que suficiente para acreditar lo que los gobiernos en turno y los partidos políticos están dispuestos a hacer en el actual contexto de la competencia para elevar sus probabilidades de ganar o, si así se quiere ver, para minimizar los riesgos de perder. En el Estado de México, así, el escenario es más que propicio para que el PRI, apoyado por los gobiernos federal y local, haga todo lo posible por sacar ventajas indebidas, como ha quedado más o menos de manifiesto a través del trabajo periodístico y las redes sociales. Tal proceder, sin embargo, dista mucho de reflejar el modo de ser de un partido político en particular. Mayor justicia a los hechos hace la afirmación de que se trata de un patrón típico de los partidos políticos y los gobiernos que de ellos emanan.
En tal contexto, nada más razonable que el INE ponga temprano sus barbas a remojar frente al riesgo de una petición de atracción de la organización de una elección local, que bien podría generalizarse dentro de unos meses y rebasar con creces su potencial técnico y su mermada credibilidad social como árbitro imparcial. De ahí que sobre bases razonables pueda establecerse el pronóstico de que, salvo que se presente una situación ostensiblemente extraordinaria en las elecciones por venir, el INE optará por la estrategia de dejar la arena electoral al resguardo y discreción de los poderes locales.
A estas alturas del partido, para cualquier mediano entendedor ha quedado claro que la investidura del INE como organismo nacional está condenada a preservarse como una broma más en una crónica extensa de fracasos anunciados. En tal contexto, más que la abdicación del INE, la verdadera sorpresa es la ingenuidad o la estupidez del PAN para creer que alguna posibilidad tenía su petición de prosperar; o, peor aún, que podían esperar modificaciones significativas en la organización comicial con un cambio de estafeta. La razón es cruda y, a la vez, simple de enunciar: la fuerza preponderante dentro del Consejo General del INE la ejerce una facción de consejeros de orientación priista, que suele contar con la anuencia del consejero presidente.
A propósito de lo anterior, difícilmente el PAN puede llamarse a engaño por la evaluación que hace acerca de la debilidad del IEEM para contrapesar el activismo gubernamental en la entidad, porque tiene información de primera mano sobre los criterios sesgados y el proceder amañado en la integración de los OPLE, en virtud de los cuales el consejero Baños y grupo compacto que le secunda tomaron todas las ventajas que sus ingenuos competidores les concedieron.
Las cartas, pues, están echadas y el juego parece tener reglas más o menos establecidas. Salvo casos extraordinarios, el INE se abstendrá de ejercer mayor protagonismo como autoridad nacional de las elecciones y, por el contrario, administrará las correlaciones de fuerza con los poderes locales, cuya injerencia en los organismos electorales sigue siendo moneda de cambio, como prueban las elecciones en el Estado de México.
En tal contexto, el detalle sintomático es la colusión del PAN con el PRI en el manejo truculento del proceso para la selección de los tres aspirantes a consejero electoral, que actualmente se encuentra en la recta final. Allí, de espaldas al espíritu de la ley y los imperativos democráticos, ambos partidos se comportan como comparsas de un juego que les garantiza sus respectivas cuotas. Si todo les sale bien, y no parece haber motivo de dudas para pensar diferente, nada habrá cambiado en relación a lo que actualmente sucede: un Consejo General con predominancia priista, alto poder de influencia panista y tendencial irrelevancia perredista.
Curiosamente, a los pretendidamente agudos notables que se prestaron a la farsa de operar como Comité Técnico, les pasó de noche lo que brillaba con luz propia en los currículums vitae y las trayectorias públicas de los seleccionados: la mano de los consejeros electorales en funciones, particularmente de Marco Antonio Baños, impulsando más alfiles a las causas partidistas.
En la lógica cortoplacista de los partidos, así, lo más racional parece ser lo que están haciendo: agrandar su rebanada de pastel dentro del Consejo General, con la pretensión de contar con un árbitro a modo para las elecciones inminentes. Otro asunto es si ello es lo más conveniente para un proceso electoral en el que el competidor más fuerte permanece marginado.
En el horizonte de la contienda por la presidencia de la República, que ya inició, el arreglo actual no ofrece muchas garantías de legitimidad. Lo dramático es que no se perfilan cambios. Lo más seguro es que los electores debamos arar con las mismas mulas de ahora. Hagamos votos porque nada desafortunado suceda.
*Analista político
