Desde el año 2006 México ha sido catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Ser reportero aquí ha sido comparado a ser corresponsal de guerra en Irak.

A partir de ese año, el 2006, las cosas nunca más cambiaron. En el 2016, la Unesco reportó que Francia, Siria, Irak, Brasil, México y Sudán del Sur eran los cinco países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

Con el incremento de la violencia, la corrupción de las autoridades y el control del crimen organizado en gran parte del territorio, los periodistas han sufrido censura, violencia y muerte.

Al día de hoy han transcurrido 89 días del 2017, el 24.38% de la totalidad del año. Ya contabilizamos 3 muertes de periodistas. Otros dos sobrevivieron ataques sumamente violentos.

En horas de la madrugada del 28 de marzo, la casa del periodista Julio Omar Gómez, en Baja California Sur, fue incendiada, y el guardaespaldas, encargado de proteger su vida, fue asesinado.

Casi 24 horas después y al otro lado del país, Armando Arrieta Granados fue baleado cuando llegaba a su casa en Veracruz. Ambos periodistas se salvaron de morir en los atentados, aunque uno de ellos se encuentra hospitalizado, siendo su condición grave.

El primer periodista asesinado este mes fue Cecilio Pineda Birto, director del diario La Voz de Tierra Caliente, quien fue muerto el 2 de marzo en Guerrero.

Luego, Ricardo Monlui Cabrera, director de El Político, fue asesinado frente a su familia en Yanga, Veracruz, el 19 de marzo.

Y el 23 de marzo, Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, fue asesinada en Chihuahua, al salir de su casa dentro de su vehículo.

A partir de esa fecha, protestas masivas en diversos estados del país por parte de periodistas y organizaciones civiles no se han hecho esperar y cuestionan la eficacia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Incluso, hace algunos días Animal Político publicó que el 99.7 por ciento de las agresiones a periodistas en México quedan impunes, según las cifras oficiales de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de México.

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