El caso avanza lentamente en una sala casi vacía de una corte del sur de Manhattan.
Sin embargo, el proceso destapó este mes un escándalo político en Honduras que confirma viejas sospechas sobre cómo la corrupción en altas esferas del gobierno contribuyó a que el país se transformase a principios de esta década en un violento epicentro del tráfico de droga.
Fabio Lobo, el hijo del político que presidió Honduras entre 2010 y 2013, se prepara para ser sentenciado en Nueva York tras haberse declarado culpable de participar en una red de tráfico de cocaína, pero nuevos detalles del caso que han resurgido en dos audiencias han expuesto lazos entre el exmandatario y el hermano del actual presidente con narcotraficantes.
Ahora, numerosas organizaciones políticas y sociales hondureñas exigen a la fiscalía de la nación y al propio presidente Juan Orlando Hernández adoptar acciones legales contra los Lobo, una de las familias más ricas del país.
«Este es un tema del que todo el mundo sospechaba», dijo Edmundo Orellana, un ex fiscal general del estado en Honduras. «Lo que no sabíamos eran los alcances y el involucramiento con los políticos. Eso sí ha sido una sorpresa».
El caso de Lobo saltó a las portadas de los diarios cuando Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel de «Los Cachiros», testificó que pagó al menos 500.000 dólares al expresidente Porfirio «Pepe» Lobo a cambio de protección para llevar a cabo operaciones de tráfico de drogas. El exmandatario, dijo Rivera, le prometió que no le extraditaría.
«El presidente cumplió su promesa de que no se nos tocaría mientras él fuese presidente», dijo Rivera a través de una intérprete de español. «Y de hecho puso a su hijo como interlocutor para protegernos, para ayudar a los Cachiros».
El exnarcotraficante, quien admitió con gélida calma haber causado la muerte de 78 personas, explicó que su familia se encuentra en Estados Unidos por miedo a que el exmandatario, policías u otros políticos hondureños asesinen a sus parientes debido a su cooperación con las autoridades estadounidenses.
Rivera también testificó que el hermano del actual presidente hondureño le pidió sobornos a cambio de conseguir fondos públicos para cubrir una supuesta deuda del gobierno con una empresa del cartel que servía para lavar dinero.
«¿Usted grabó esa reunión?», le preguntó el fiscal Emil Bove.
«Sí, señor. La grabé», respondió Rivera, de rostro redondo con largas cejas arqueadas.
«¿Entregó la grabación a la DEA (agencia antidrogas estadounidense)?», preguntó el fiscal.
«Sí, señor», respondió el exnarcotraficante.
Tanto Antonio «Tony» Hernández, hermano del mandatario, como Lobo, han negado las acusaciones desde Tegucigalpa.
El explosivo testimonio de varias horas de Rivera muestra como el exnarcotraficante estableció una amistad con Fabio Lobo, que le permitió traficar grandes cantidades de cocaína con la ayuda ocasional del cartel del capo Joaquín «El Chapo» Guzmán, asegura la fiscalía neoyorquina. El a veces llamado «Don Leo» Cachiro, de 40 años, y su hermano Javier, empezaron a colaborar con la agencia antidrogas estadounidense en 2013.
Mientras escuchaba el testimonio de Rivera, Fabio Lobo negaba de vez en cuando con la cabeza. Se espera que sea sentenciado a finales de mayo.
Con la ayuda del hijo del expresidente, Rivera conoció a congresistas y policías corruptos que le ayudaron a traficar la droga que provenía de Colombia y Venezuela y estableció empresas, incluyendo un zoológico, para poder lavar el dinero obtenido, aseguran fiscales estadounidenses. El exlíder de «Los Cachiros» describió su trabajo como una búsqueda de pistas de aterrizaje para aviones con cocaína, reuniones en hoteles con congresistas para acordar sobornos y entregas de maletines con dinero. El valor de aproximadamente una carga de 400 kilos de cocaína era de entre 800.000 y un millón de dólares, señaló.
«Sin el apoyo del acusado (Fabio Lobo) y funcionarios hondureños, criminalidad a este nivel no podría haber continuado, sin restricciones, durante tanto tiempo», dijeron fiscales estadounidenses en un documento judicial.
En 2011, la ONU catalogó a Honduras como el país con la tasa de homicidios más alta del mundo. A su vez, Estados Unidos calificó a la nación como un país clave de tránsito para la cocaína transportada a su territorio y lamentó que recibiera una puntuación de 2,4 sobre diez en el Índice de Percepción de Corrupción.
La situación, sin embargo, ha mejorado.
El Departamento de Estado estadounidense señala en su informe más reciente que el volumen de cocaína que transita por Honduras se ha reducido en 40% desde 2014 y que la tasa de homicidios ha caído un tercio.
En diciembre de 2014, el gobierno hondureño extraditó a Carlos Lobo, quien no es pariente del expresidente y fue el primer hondureño extraditado para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Fue sentenciado a 20 años en prisión.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence elogió la semana pasada el progreso de la nación centroamericana en el fortalecimiento de la seguridad durante una reunión con el presidente Hernández.
El Ministerio Público de Honduras ha anunciado que investiga los supuestos contratos de «Los Cachiros» con empresas gubernamentales para lavar activos del narcotráfico. «Todo lo que ha revelado en los tribunales de Nueva York el exlíder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, está siendo investigado en forma exhaustiva», dijo a The Associated Press el portavoz de la fiscalía, Yuri Mora.
La agencia antidrogas estadounidense y fiscales de ese país se han negado a hablar del caso con la AP, así como los abogados de Rivera y Fabio Lobo, quienes enfrentan la posibilidad de ser condenados a cadena perpetua.
Con la mirada fija en las pocas personas que acuden a las audiencias del caso, Rivera repasó parte de la lista de los 78 individuos a los que admitió haber causado la muerte. El número 19, dijo, era el zar antidroga Julián Arístedes González, de quien Rivera dijo que pagó junto a otros narcotraficantes entre 200.000 y 300.000 dólares para que fuera asesinado. La víctima número 78 era Sonia Marlen Ramos-Montes, quien a pesar de huir a Canadá fue acribillada a balazos.
Vestido con uniforme azul oscuro de preso, Rivera respondió las preguntas del fiscal Bove sin dificultad. Cuando le tocó el turno al abogado de Fabio Lobo, Manuel Retureta, se mostró más reacio y no quiso admitir de manera clara que unos de los beneficios de su acuerdo con Estados Unidos es que su familia fue traída al país.
«Señor, yo sólo le digo la verdad», respondió cuando Retureta le preguntó qué le proporcionó el gobierno estadounidense. «Lo que dice el acuerdo es que yo testifique cada vez que el gobierno me lo pida y que no cometa más crímenes».
