Foto: Mizpah Zamora/Síntesis
El estado de Tlaxcala fue sede del Primer Congreso Nacional en Seguridad Pública y Sistema Penal Acusatorio, en donde autoridades y expertos reconocieron que no ha habido avances en el combate a la inseguridad a ocho años de la puesta en marcha de las reformas en el tema.
Durante el primer día de actividades acudieron jueces, fiscales, ministerios públicos, elementos de seguridad, autoridades y profesionales de la materia, en donde se expusieron varias conferencias relacionadas con el sistema.
En su intervención, el diputado local, Nahúm Atonal Ortiz, manifestó la importancia de que el estado sea anfitrión de este congreso, pues es un tema que afecta a todos, por lo que más que preocupar “nos debería ocupar”.
Expresó que debe alertarnos el tema de la inseguridad, pues la gente ya no se siente segura ni en su propio domicilio, a diferencia de hace algunos años atrás que se consideraba a Tlaxcala como un estado seguro.
“Hay preocupación e impotencia, la gente no se atreve a dejar a sus hijos en donde anteriormente la gente se divertía”.
En la primera ponencia el investigador, Alberto Zenteno Meza, manifestó que el origen del nuevo Sistema de Justicia Penal fue la crisis del estado de leyes, cuando en todo Latinoamérica permea, pero México fue el último país en adoptarlo por la presión global.
Destacó que el sistema tradicional “inquisitivo” en el país se aplicó durante casi 500 años después de la conquista, por lo que un término de ocho años con el nuevo modelo sería complicado evaluar.
Refirió que después de segunda guerra mundial, casi todas las naciones incorporaron los derechos humanos a sus constituciones, mientras que en México se hizo casi 70 años después que otros estados post modernos, el diez de junio de 2011, debido a que un solo partido se encontraba en el poder y consideraba que no había necesidad de hacer cambios, pero ante presiones internacionales por las crisis del estado se decide incluir.
Sin embargo, pese a la existencia de mecanismos normativos para responder a las necesidades de la población permanece el desorden, por una crisis nacional en la percepción de la seguridad pública y corrupción todos los niveles de gobierno.
También señaló que el estado mide su avance con el número de sentencias condenatorias, cuando debería considerar las que no sean revocadas.
