La iniciativa aprobada en materia de combate a la corrupción puede pasar cualquier tipo de prueba en cualquier ámbito, luego de que se lograra el consenso de todos los grupos legislativos para su aprobación, afirmó la presidenta de la junta de gobierno del congreso local María Luisa Pérez Perusquia.

Al mismo tiempo reconoció la disposición de tiempo y discusión de los acuerdos por parte de los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios para poder lograr un consenso que finalmente los llevó a los acuerdos, ello dijo ante la necesidad que hay no solamente de homologar la ley en la materia con la de la Constitución Política del país, sino de contar con la normatividad necesaria para poder combatir verdaderamente a la corrupción en todos sus niveles.

Al final de cuentas se hizo un trabajo serio que dio como resultado que en el análisis con fundamento de todo aquello que tenía la posibilidad de transitar así se hico y de lo que no, pues también se lograron los consensos necesario y al final eso da la oportunidad de tener una unanimidad como la del día de hoy en que hubo condiciones pata el diálogo”.

De igual manera Pérez Perusquía, afirmó que estas condiciones permiten  una mayor participación ciudadana y de los diferentes poderes del estado, ya que se trata de un sistema que le abre a la población las posibilidades no solo de intervenir son de que el trabajo a realizar contra la corrupción tiene su participación y con ello ganan los habitantes del estado.

Este es un sistema de pesos y contrapesos que le puede dar a la ciudadanía la seguridad de que el trabajo que se va a realizar en el Sistema Estatal Anticorrupción, verdaderamente tiene la participación no solamente de los servidores públicos sino por supuesto de la ciudadanía y lo que vemos es que al final gana el estado y sus habitantes”.

Por último manifestó que también es de destacar que lo aprobado en la materia contiene los puntos básicos o idóneos,  y que en este caso se lleva un paso adelante comparados  con otras entidades, respecto en lo que se refiere a la elección del Fiscal Anticorrupción en el que también se toma en cuenta a la ciudadanía.