El caso de las posibles sanciones que el congreso del estado intenta aplicar a Eduardo Rivera Pérez llegó a su clímax.
Si un servidor público comete cualquier desviación de recursos públicos sin duda debe ser sancionado.
La sociedad y los medios somos críticos de las autoridades que no rinden cuentas, que no informan sus actividades o no pueden comprobar sus gastos.
De hecho atravesamos por un momento crucial de falta de credibilidad en torno al ejercicio público, de tal manera que incluso el PRI está, por ejemplo, muy cerca de perder el poder presidencial debido, entre otras cosas, a la corrupción y la falta de transparencia.
El caso de Eduardo Rivera ha generado diversas expresiones de rectores de universidades, empresarios y políticos, principalmente del PAN, del PRI y PRD en contra de la sanción que planea ejecutar el congreso.
Esto es, claramente, porque se ha intentado llevar a las sanciones al marco de la percepción.
Una percepción de persecución, que podrían derivar en la construcción de la imagen de un mártir.
La percepción supera a la realidad, y es entonces cuando algunos actores políticos pueden expresar dudas de la veracidad de las acusaciones, debido a que claramente se pudo haber construido una percepción de persecución.
Sin embargo, lo que está en juego es la justificación del gasto de 300 millones de pesos de un total de 411 millones de pesos, de ahí la sanción que se propone por 25 millones de pesos y una inhabilitación por 12 años.
¿Qué sucederá entonces?
Pues todo depende de la solidez de las acusaciones y la firmeza con que el congreso informe las causas de las sanciones, y por otro lado, la manera en que Rivera Pérez se defienda presentando la documentación para acreditar el destino de los recursos en litigio.
La novela va para largo.
Ahí le estaremos informando.
Gracias y nos leemos el lunes, y mientras nos encontramos en Twitter en @erickbecerra1
