México.- Ante presuntas amenazas de la delincuencia organizada, la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Baja California implementar medidas cautelares en favor de directivos, colaboradores e instalaciones del Semanario Zeta, con sede en Tijuana.
El organismo también destacó que la persistencia de las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en el país, dificulta la transición hacia la democracia a la que todos los ciudadanos aspiran y merecen.
Resaltó que el Semanario Zeta es un medio de comunicación con una amplia trayectoria y reconocimiento en esa ciudad fronteriza del Estado de Baja California y que no es la primera ocasión que recibe amenazas.
Indicó que el viernes 7 de abril envió un oficio al secretario de Gobierno de Baja California para que de común acuerdo con los beneficiarios se implementen las medidas necesarias de seguridad.
Ello, agregó, para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de los directivos y colaboradores del semanario, así como para resguardar sus instalaciones y garantizar el libre ejercicio de su actividad periodística.
Refirió que tuvo conocimiento de diversas notas de que un presunto líder de la delincuencia organizada regresó a Tijuana con la intención de restablecer una organización criminal y “acabar con el semanario Zeta”.
En un comunicado, dijo que esa información la difundió un grupo de investigadores de México y Estados Unidos.
Recordó que en noviembre de 2017 también se divulgó información relacionada con algunos integrantes de la delincuencia organizada que pretendían atentar contra el medio de comunicación.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comentó que solicitó en su oportunidad a las autoridades locales implementar las medidas cautelares correspondientes.
La Comisión refirió que la libertad de expresión en México enfrenta desde hace muchos años una situación de especial gravedad ante las amenazas, atentados y homicidios cometidos en contra de periodistas en distintas regiones.
Por lo que todas las autoridades deben cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, investigación y sanción de este tipo de agresiones, pues de lo contrario, «no podremos transitar como país hacia la democracia a la que todas y todos aspiramos y merecemos».
