Los tiempos actuales coinciden por lo dicho hace poco por un activista: “El día en que los Congresos de los estados dejen de estar del lado de los empresarios, dueños de las riquezas y del gobierno en turno, van a ser realmente del pueblo”, lo cual aseguró haber escuchado en una comunidad del estado, donde un grupo de campesinos se dice cansado de ser tratados como objetos y no como personas por sus gobernantes, quienes sólo los buscan en tiempos electorales.

Y porqué coinciden, pues muy fácil, simple y sencillamente porque siempre se ha dicho que sino el cien por ciento al menos el 99.99 por ciento de quienes son impulsados para llegar a un  cargo de poder público llegan para servir a grupo que los impulsó, luego a su partido y sí no están muy ocupados pues ya gestionarán algunas despensas o ayudas para quienes con su voto realmente los  llevaron a los cargos en los que su prioridad es su bienestar, el de sus familias, amigos, primos y compadres.

Pero todo esto aplica en estos momentos en que debería resultar más que vergonzoso tener que reconocer por medio de reformas a las leyes que debe haber mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos porque resulta que con eso se confirma lo que todos saben todos dicen, pero que los que incurren en esos delitos -porque no se les puede llamar de otra forma- los cometen y ahora por medio de cambios a las leyes se busca abatir.

Acaso no desde el momento en que se inicia el proceso de elección de los aspirantes a un cargo de elección popular, se busca a las personas más honradas, honorables que buscan el bienestar de sus, lugares de origen y su gente y hasta declaran respecto a los bienes con que entran pero no prometen ni ofrecen hacer lo mismo cuando salgan, entonces porque esa necesidad de hacer un ajuste a las leyes para cuidar las manos a todos los funcionarios.

Lo peor de todo es que muy pocos, aunque nadie de los altos niveles se dice o está sorprendido respecto a la medida aplicada en el estado apenas la semana pasada en que algunos legisladores calificaron de histórica su intervención para aprobar por consenso de los 30 legisladores locales diversas reformas y adiciones y disposiciones de la constitución política del estado para la creación del Sistema Anticorrupción al marco jurídico del estado.

Lo sorprendente es que con estas medidas se reconoce que hay actos de corrupción e impunidad en todos los niveles de gobierno y que es más que urgente, necesario atacar por medio de medidas legales y oficiales, cuando en realidad si todos saben que hay malversación de fondos, desvío de los mismos y que estos se quedan entre los funcionarios y sus más cercanos colaboradores, simple y sencillamente se debería investigar y aplicar la ley y como todos los delitos de robo comunes y corrientes, castigarlos con el rigor de la ley.

Sin embargo ese tipo de delitos son los que menos se investigan o se persiguen por lo que a pesar de las medidas tomadas, gobiernos  de todos los niveles van y vienen y lo único que pasa es que muchos salen de menos pobres.